Huachicol: ¿no lo ven o no lo quieren ver?

Pascal Beltran del Rio

Bitscora del director

Bitácora del director    Pascal Beltrán del Río

“Vamos bien y tenemos presupuesto, porque hemos tomado algunas decisiones. Se acabó, prácticamente, el huachicol. Eso, nada más, nos está dejando 50 mil millones de pesos. De cerca  de 800 pipas que se robaban, ya bajó a 40, el 95 por ciento”.

Así se expresó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 21 de julio de 2019, cuando llevaba menos de ocho meses el sexenio, durante una visita a Hidalgo, estado donde, en enero de ese año, había ocurrido una explosión que mató a 69 personas que robaban combustible de un ducto.

Una de las más frecuentes cantaletas del gobierno anterior fue haber terminado con ese delito. López Obrador incluso alegó que la estrategia para poner un alto al huachicoleo era la causa razonable del desabasto que ocurrió al principio de su administración, y que durante dos semanas provocó largas filas frente a las estaciones de servicio, cuando que en realidad no se había comprado suficiente gasolina en el extranjero para satisfacer la demanda.

Incluso ordenó la compra de centenares de pipas, con el pretexto de que esas no se podían ordeñar. Pero como ocurrió a lo largo de su periodo, no hubo datos exactos de cuántos de esos vehículos se adquirieron, si llegaron a tiempo y si realmente ayudaron a solucionar el desabasto y el robo.

Seis años después, resulta que el huachicoleo no sólo no se terminó, sino que ahora es motivo de una sanción dictada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y dos empresas, que, dice Washington, llevan gasolina y hasta petróleo crudo de contrabando, robados a Pemex, hasta el otro lado de la frontera, en un negocio ilícito que genera “cientos de millones de dólares” para ese grupo criminal.

Ayer, el secretario del Tesoro estadunidense Scott Bessent dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) agregó a su lista a César Morfín Morfín, alias Primito –jefe del cártel en Tamaulipas–, así como a sus hermanos Álvaro y Remigio, igual que a las empresas Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, asentadas en Reynosa y Río Bravo, respectivamente, por beneficiarse del robo de hidrocarburos, mediante su venta en Estados Unidos.

“Los huachicoleros en México usan una variedad de métodos para robar combustible y crudo de la empresa estatal de energía Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo sobornos a empleados de Pemex, así como picar ductos, saquear refinerías, secuestrar pipas y amenazar a empleados”, dice el comunicado.

La operación para dar con este esquema de tráfico contó con la participación de varias agencias de procuración de justicia estadunidenses. Incluso se menciona una colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que valdría la pena preguntar a su titular –una vez que deje de ocuparse del expresidente Ernesto Zedillo, claro–, cuándo piensa usar esa información para actuar en México.

Resulta increíble que tengamos que enterarnos de la magnitud del robo de combustible, ¡y hasta de crudo!, mediante el gobierno de Estados Unidos.

Y resulta escandaloso que esta información se dé a conocer al día siguiente de que se publique el monto de las pérdidas de Pemex en el primer trimestre del año, que ascendió a 43 mil 329 millones pesos, mismas que deben sumarse a los 620 mil 605 millones de pesos en pérdidas durante todo 2024.

Por supuesto, Pemex es un desastre financiero por muchas razones, pero una de ellas, por lo visto, es que le roban masiva e impunemente su insumo y su producto, al grado de generar ganancias multimillonarias para el crimen organizado.

Por si fuera poco, las dos empresas sancionadas tienen instalaciones en Tamaulipas. Sus direcciones aparecen en internet. ¿De verdad son tan incompetentes las autoridades o, de plano, son cómplices?