Aspirantes a rectoría de la UV señalan a Martín Aguilar de tener una gestión reprobatoria
Los académicos Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez piden a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) que actúe conforme a la normativa vigente
Por: Maribel Sánchez
Amenos de un mes para que venza el plazo legal que tiene la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) para emitir la convocatoria de renovación de la rectoría, los académicos Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez hicieron un llamado público a que el proceso se conduzca con apego estricto a la normativa universitaria. Advirtieron que el actual rector, Martín Aguilar Sánchez, solicitó la prórroga sin cumplir con el requisito de edad que marca la ley, pero lo más preocupante, “sin tomar en cuenta la calificación reprobatoria de su gestión”.
En conferencia de prensa, ambos investigadores –quienes han expresado públicamente su intención de participar en el proceso sucesorio– señalaron que durante los últimos cuatro años la comunidad universitaria de estudiantes, académicos y trabajadores ha hecho constantes manifestaciones, muestra de una gestión criticable.

Académicos Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez se pronuncian por renovación en la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV)
Enfatizó que la Junta de Gobierno tiene como fecha límite el 1 de julio para publicar la convocatoria correspondiente. Cualquier dilación o ambigüedad en el proceso pondría en entredicho la autonomía y la legalidad institucional de la máxima casa de estudios de Veracruz.
Jorge Manzo Denes recordó que el artículo 36 de la Ley Orgánica de la UV establece claramente que el periodo rectoral es de cuatro años, por lo que el nombramiento de Aguilar Sánchez, hecho en 2021, concluye el próximo 31 de agosto. Añadió que, aunque la ley contempla la posibilidad de una prórroga, esta no puede ser automática ni otorgada de manera discrecional, y debe cumplir todos los requisitos legales vigentes.
Uno de estos requisitos, ahondó el científico, es tener menos de 65 años al momento de la designación, como lo indica el artículo 37, fracción II, de la misma ley. Aguilar Sánchez, nacido en 1958, ya rebasó ese límite, lo que jurídicamente lo haría inelegible para un segundo periodo. “No se puede interpretar la ley de manera parcial. Aplicar el artículo 36 ignorando el 37 vacía de contenido la coherencia normativa”, sostuvo.
El investigador pidió a la Junta de Gobierno publicar la convocatoria conforme a los plazos legales y garantizar que se respete íntegramente la normativa, incluida la edad como criterio de elegibilidad. Además, llamó a la comunidad universitaria a reunirse en sus Juntas Académicas antes del 6 de junio, fecha en que sesionará el Consejo Universitario General, para expresar su postura colectiva.
“En caso de violaciones a la ley o a la voluntad institucional, estemos preparados para acciones colectivas, legítimas, pero pacíficas en defensa de la autonomía universitaria”, dijo. También advirtió que promover una interpretación unilateral de la ley para extender el mandato rectoral sin aval legislativo es una falta grave a la confianza institucional.

Rafael Vela Martínez, por su parte, señaló que la estrategia del actual rector es someter a presión a los integrantes de la Junta de Gobierno e incluso forzar una intervención del Consejo Universitario General, algo que calificó como un retroceso frente al espíritu original de la autonomía universitaria.
“Me dirijo a los consejeros universitarios que puedan estar siendo presionados por autoridades de Rectoría. Hoy más que nunca, nuestra Máxima Casa de Estudios necesita que actuemos con integridad. Está en juego el futuro de las próximas generaciones”, expresó.
Criticó además el deterioro en la calidad institucional durante la presente gestión, incluyendo el rezago en el egreso de estudiantes debido a la falta de actualización del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) y la caída en rankings nacionales. “El abandono ha sido evidente”, afirmó.
Ambos académicos insistieron en que el proceso sucesorio no puede estar marcado por la imposición ni por intereses personales. Recordaron que la auscultación universitaria —que permite a estudiantes, docentes y trabajadores expresar su opinión sobre los aspirantes— es una expresión concreta de la autonomía y debe ser respetada en su totalidad.

“El derecho de la comunidad universitaria a participar en el proceso de designación es lo que otorga legitimidad a la figura del rector. No puede haber legalidad sin transparencia, ni autonomía sin participación”, dijo Vela Martínez.
Los aspirantes advirtieron que, en caso de que se permita la prórroga solicitada por Aguilar Sánchez sin cumplir con los requisitos legales, se estaría cometiendo una violación flagrante a la Ley Orgánica, lo cual podría tener repercusiones jurídicas y éticas para quienes lo avalen.
Finalmente, exhortaron a toda la comunidad universitaria a expresarse con responsabilidad desde sus espacios y canales institucionales, utilizando medios pacíficos y legales para frenar lo que consideran un intento de permanencia ilegítima.

