Comisión de Presupuesto aprueba reformas clave para proteger a la infancia y reconocer autonomía presupuestaria a pueblos indígenas y afromexicanos
La Comisión de Presupuesto aprobó reformas para blindar legalmente los recursos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes, evitando recortes y exigiendo evaluaciones con enfoque etario.
También se avaló una iniciativa para garantizar que los pueblos indígenas y afromexicanos administren directamente sus recursos públicos, reconociendo su autonomía y combatiendo la exclusión histórica.
En el marco de la novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena, fueron aprobadas dos iniciativas de profundo contenido social y con implicaciones directas en la construcción de un país más justo y equitativo. Ambas propuestas fueron promovidas por legisladores de Morena y reflejan el compromiso del movimiento con la justicia generacional y con el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
La primera de ellas, impulsada por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, fue aprobada con 36 votos a favor y 5 en contra, y propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para impedir de forma explícita la reducción de recursos asignados a programas presupuestarios dirigidos a la atención de niñas, niños y adolescentes. El dictamen será enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación en el Pleno.
En la propuesta, el legislador de Morena subrayó que México enfrenta una emergencia silenciosa: más de 17 millones de niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza, y 3.7 millones trabajan en condiciones inadecuadas, según cifras del Coneval y del Inegi. “A pesar de representar casi el 30 por ciento de la población, la inversión en este sector sigue siendo insuficiente y desigual”, denunció Castro Trenti.
La iniciativa busca blindar legalmente los programas presupuestarios destinados a este grupo poblacional, impedir recortes arbitrarios y asegurar una evaluación pública con enfoque etario, es decir, diferenciando entre primera infancia, niñez y adolescencia. “El presupuesto es el reflejo más claro del compromiso del Estado con su infancia. No basta con asignar recursos; es indispensable saber si están generando resultados diferenciados y tangibles para cada grupo etario”, sostuvo.
Además, la propuesta legislativa establece que los recursos del Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinado a la infancia y adolescencia, deben evaluarse con indicadores claros, medibles y vinculantes, y que las entidades federativas deberán reportar resultados diferenciados. De esta manera, se busca institucionalizar la protección presupuestaria de la infancia y adolescencia como una política de Estado y no como una decisión discrecional del gobierno en turno.
El diputado enfatizó que esta reforma está en consonancia con los compromisos internacionales de México, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General 19 del Comité de Derechos del Niño de la ONU y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. “Apostar a la infancia y adolescencia no es solo un mandato ético y legal: es una inversión estratégica para el futuro del país”, concluyó.
En la misma sesión, de manera unánime y con 47 votos a favor, se aprobó otra iniciativa de reforma a la LFPRH, en este caso presentada por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, cuyo propósito es reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a administrar directamente los recursos públicos que les corresponden, en congruencia con su cosmovisión, organización social y necesidades particulares.
La diputada Poob Pijy destacó que esta iniciativa responde al mandato constitucional del artículo 2º, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con plena capacidad para decidir sobre su desarrollo. “La autonomía indígena debe ser el pilar rector de cualquier iniciativa de desarrollo. Nuestro país está obligado a garantizar que estos pueblos ejerzan plenamente sus derechos bajo el amparo de la ley y con respaldo activo del Estado”, afirmó.
La propuesta se sustenta en el proceso de consulta previa, libre e informada realizado entre 2019 y 2021, en el que participaron más de 27 mil personas de más de 60 pueblos originarios y el pueblo afromexicano, organizado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). “No es solo un cambio legal, es una transformación estructural para superar siglos de exclusión”, recalcó la legisladora.
Entre los aspectos centrales de la reforma, se plantea armonizar la legislación con la reciente reforma constitucional al artículo 2º, así como con el contenido del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, que por primera vez contempla el reparto del 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) directamente a favor de estas comunidades, lo que representa más de 12 mil millones de pesos.
La iniciativa también propone actualizar la denominación del Anexo 10 del presupuesto y establecer reglas claras para su ejercicio autónomo, garantizando que el uso de estos recursos se alinee con los planes de vida comunitarios y no con criterios asistencialistas. Asimismo, plantea que el sistema de evaluación del desempeño incluya indicadores específicos que midan la efectividad, participación e inclusión de estos pueblos en el desarrollo nacional.
“La identidad mexicana es inseparable de sus raíces ancestrales, forjadas por quienes han habitado este territorio desde tiempos inmemoriales. Es hora de que el presupuesto reconozca y respete esa profundidad histórica”, expresó la diputada Poob, quien exhortó a sus colegas a respaldar esta reforma como un acto de justicia histórica. “No podemos hablar de justicia social mientras neguemos a los pueblos indígenas y afromexicanos el derecho a decidir sobre su propio destino”, concluyó.
Ambas reformas representan un paso significativo hacia una legislación presupuestaria más inclusiva, justa y alineada con los derechos fundamentales de sectores históricamente desatendidos. Ahora, corresponderá al Pleno de la Cámara de Diputados dar continuidad al proceso legislativo y, con ello, avanzar en la consolidación de un país donde el presupuesto sirva verdaderamente como herramienta de transformación social.
