Gaschicoleo prolifera con la connivencia de autoridades, denuncian gaseros del Edomex

Dueños de gaseras elaboraron un reporte que entregaron al gobierno de Delfina Gómez en el que hacen una radiografía del problema que representa la venta ilegal de gas en el Edomex, y en el que acusan el contubernio de Protección Civil y autoridades gubernamentales con los delincuentes.

David Fuentes

Proceso

ECATEPEC, Edomex .- Este municipio se ha convertido en la capital del “gaschicoleo”. En la demarcación han proliferado las llamadas “gaseras clandestinas”, negocios irregulares que venden el gas licuado de petróleo (LP) que grupos criminales roban a las empresas legalmente registradas. Denuncias de este gremio ante la Fiscalía del Estado de México detallan que durante las dos administraciones del exalcalde morenista Fernando Vilchis este millonario negocio ilícito se incrementó exponencialmente.

Los actos de corrupción escalaron a tal nivel que la actual alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, también morenista, ha querido regular esas gaseras clandestinas, pero no puede, pues los sobornos alcanzaron a funcionarios de primer nivel en ese lugar. Apenas en enero pasado, la alcaldesa solicitó el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez para resolver este grave problema que le heredaron a su administración, pero la mandataria estatal tampoco ha atendido sus demandas.

Empresarios, dueños de gaseras, que se han visto afectados entregaron al gobierno de Delfina Gómez, en enero último, un informe que ellos mismos elaboraron para tratar de visualizar y dimensionar el tamaño del problema. Señalan que detectaron que el llamado gaschicoleo le representa a las autoridades hacendarias pérdidas por 20 mil millones de pesos anuales, además revelaron que en el Estado de México existen 1,061 expendios de gas, de los cuales 619 son ilegales.

La radiografía detalló que, por ejemplo, en Chalco se tienen registradas 129 gaseras, de las cuales 100 operan en la clandestinidad; en Chimalhuacán sólo 13 cuentan con permisos, y hay 21 ilegales. En Ecatepec, de los 443 negocios establecidos, 150 son clandestinos. Por otra parte, estos establecimientos representan un peligro continuo: durante 2024 se registraron 17 explosiones en esos locales clandestinos, que dejaron cuatro muertos y siete heridos con quemaduras de segundo y tercer grado, según consta en los registros de la Fiscalía y de Protección Civil del Edomex.

“El problema no es nuevo, tenemos años batallando para que las autoridades, tanto municipales como estatales, le pongan un freno a este tema. Nosotros generamos empleos, pagamos impuestos, pagamos seguridad en los puntos de venta y en los traslados porque nos roban las pipas y no recibimos nada a cambio. De hecho no pedimos nada, sólo que el piso sea parejo”, expuso Sergio, administrador de tres gaseras legalmente establecidas, quien pidió no mencionar el nombre de sus negocios por temor a represalias de las autoridades o de los gaschicoleros.

Y añade: “A nosotros cada semana nos hacen revisiones, supervisan que tengamos todos los documentos en regla, que paguemos los permisos, que tengamos espacios correctos, que el precio sea el que ordena la Secretaría de Energía, y a las clandestinas ni siquiera las revisan. Prefieren cerrarnos a nosotros, quitarnos los permisos que revisarlos a ellos, porque nosotros nos negamos a pagar lo que nos piden porque estamos dentro de la legalidad”.

En las denuncias que los empresarios presentan ante la autoridad investigadora se detalla que las gaseras clandestinas operan sin ningún permiso y violando el Plan de Desarrollo Urbano, la Ley de Protección Civil y la NOM-003-SEDG-2004, que el propio municipio exige para otorgar permisos y la instalación de los puntos de venta de gas LP, incluso se documentó que hay más de 50 instaladas frente a escuelas, unidades habitacionales o parques públicos.

“La justicia funciona al revés aquí. Los supervisores de Protección Civil del Estado, a cargo de Adrián Hernández Cano, cada mes, puntualmente, nos pasan a revisar. No podemos fallar en nada, revisan que los extintores funcionen, que el personal esté capacitado y hasta que la pintura de la línea del gas esté nueva, pero a las que operan de manera irregular no los molestan en nada.

“Sólo las clausuran cuando los propios vecinos protestan, toman las calles y exigen que las cierren porque están frente a escuelas o cerca de unidades habitacionales, pero es un mero trámite para calmar a la gente, porque las cierran, las clausuran, y al siguiente día operan como si nada, o simplemente se cambian de lugar y ya”, señaló Antonio Serrano, administrador de una de las principales gaseras que opera en Ecatepec.

Vecinos hacen frente para combatir las gaseras clandestinas

El reporte de los empresarios indica que las gaseras clandestinas están repartidas en las 345 colonias de Ecatepec. En la Álamos de San Cristóbal, por ejemplo, los vecinos se han organizado y a través de marchas, protestas y cierre de calles han exigido a las autoridades que intervengan para que las clausuren, pues aseguran que son “bombas de tiempo”.

Desde 2023 Martha, habitante de Ecatepec, ha organizado a sus vecinos, ha levantado firmas y ha cerrado las calles para llamar la atención de las autoridades sobre una gasera clandestina ubicada a escasos 300 metros de la escuela primaria Vicente Guerrero, donde estudian sus hijos. Dice que todo lo que busca es prevenir una tragedia: “Apenas el 30 de diciembre pasado explotó una clandestina ahí en la San Agustín, a unas calles de aquí, y ésa ya la habíamos denunciado. Tras la explosión cerró un rato y ahora sigue trabajando; esos mismos, los de Gas Gumoz, son los mismos de aquí”.

“Las gaseras clandestinas son un botín para las autoridades municipales y estatales. Se dedicaron a cobrarles mensualmente una cuota que va de los 150 mil a 200 mil pesos para seguir operando en la impunidad. No les importa poner en riesgo a la población”, expuso Martha, quien tiene más de dos años peleando junto con sus vecinos para la clausura de una gasera clandestina ubicada frente a una escuela en aquel municipio mexiquense, en ese tiempo ha recusado más de 5 mil firmas y aún así, no han logrado que se cierre.

“No es un problema nuevo. Desde la administración de Vilchis venimos denunciando el problema, pero él nunca nos hizo caso. Tenemos miedo porque los accidentes de fugas de gas, los incendios y explosiones son constantes y estas gaseras están frente a escuelas, junto a mercados o a unidades habitacionales y es un riesgo para todos”, concluyó la entrevistada.

Los encargados de Protección Civil del estado también son parte del problema, pues se niegan a supervisar, revisar o clausurar las gaseras clandestinas, esto, de acuerdo con las declaraciones que los empresarios realizaron ante el Ministerio Público. Señalan que supervisores y delegados de Protección Civil Estatal reciben ganancias de las gaseras clandestinas, según consta en el expediente 00606/01-2025 al que tuvimos acceso.

Proceso buscó al representante del área de Comunicación Social de la dirección de Protección Civil, a cargo de Adrián Hernández Cano, buscando una declaración al respecto, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

El problema de las gaseras clandestinas no es exclusivo de Ecatepec. Otros municipios de la zona oriente del estado de México, como Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Chalco y Chimalhuacán están invadidos de esos negocios ilícitos. Por ejemplo, en el mismo expediente (00606/01-2025) se acusa que Xóchitl Flores Jiménez presidenta municipal de Chimalhuacán, a través de su esposo Miguel Benito, cobra cuotas mensuales a 150 estaciones clandestinas establecidas durante su administración.

Durante los últimos años las gaseras ilegales se han instalado en esta zona del Estado de México debido a su ubicación privilegiada para los grupos del crimen organizado que controlan el gaschicoleo. Esa área es la entrada a la autopista México-Puebla y justo ahí es donde se roban las pipas que entran a la metrópoli cargadas de gas LP procedentes de Puebla y Veracruz.

Ese gas robado es distribuido en estaciones clandestinas, que no son detectadas por las autoridades federales, pues su compraventa es sólo en efectivo.