Denuncias en la SACM

Opinión      Martín Espinosa

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), una de las instituciones culturales más relevantes del país y que se encarga de gestionar los derechos de autor, recaudar regalías y distribuirlas entre los creadores de música, enfrenta fuertes señalamientos por presuntos actos de corrupción, nepotismo y malversación de recursos al interior de su estructura administrativa.

De acuerdo con testimonios de sus empleados, el actual director de Licencias y Recaudación, Omar Lugo Andere, habría favorecido a familiares y personas cercanas mediante contrataciones sin procesos transparentes. Entre los beneficiados de tales prácticas estaría su hijo, Jesús Omar Lugo Campos, quien —sin experiencia comprobable ni formación en derecho— fue premiado como “Mejor Delegado del Año 2024”, lo que generó al interior de la SACM inconformidad del personal que ahí labora.

Cabe destacar que la institución que supuestamente “vela por los intereses” de los compositores de México, incluso a nivel internacional, recauda más de mil 500 millones de pesos al año por derechos de autor. Diversos sectores exigen una auditoría independiente que garantice el uso correcto de los recursos, así como una distribución justa de las regalías que obtiene.

Las irregularidades, según los trabajadores denunciantes, no sólo afectan el ambiente laboral, sino que deterioran la credibilidad de la institución ante sus afiliados, que son compositores, músicos y autores, quienes dependen de una gestión que debería estar basada en la ética y en la transparencia para recibir lo que, por derecho, les corresponde.

DESPOJO DE TIERRAS EN EL SURESTE

Desde Yucatán nos informan que se investiga una red de despojo de terrenos en la zona costera del estado, en la que estarían involucrados políticos, notarios y empresarios. Uno de los nombres que más se repite en las denuncias es el de Mario Peraza Ramírez, exdiputado federal del PRI por el Distrito 2 de Yucatán, una demarcación que incluye varios municipios costeros de alta plusvalía. Se le señala de haber facilitado estas operaciones durante su paso por el Catastro estatal en el gobierno del priista Rolando Zapata Bello. Se le acusa de permitir, mediante “maniobras legales”, la apropiación de predios valuados en millones de pesos a favor de un grupo reducido de familias con poder económico. Algunos afectados ya se han acercado a las autoridades estatales para entregar información, aunque han pedido mantener su identidad en reserva por la sensibilidad del caso. El gobierno del estado y la Secretaría Anticorrupción ya tendrían las denuncias anónimas en su poder. También se menciona al notario Carlos de la Mora Lizama como parte de estas operaciones por haber dado legalidad a transacciones presuntamente irregulares. El tema podría ser llevado en los próximos días ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.