DESACELERACIÓN Y ENFRIAMIENTO ECONÓMICO EN RECTA FINAL 2024
Jose Luis Enriquez Ambell
Cafe de Manana
CAFÉ DE MAÑANA José Luis Enríquez Ambell
La economía en el país viene mostrando señales de desaceleración en la recta final del año, lo que se traduce en ajustes de las expectativas de crecimiento en diversas instancias de desarrollo y financieras, tanto a nivel nacional como internacional.
Don Carlos Urzúa (q.e.p.d.) y primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio federal con el señor presidente López Obrador, en varios foros y publicaciones señaló que la economía mexicana mostraba signos de un periodo de desaceleración, y advertía la necesidad de revisar comportamientos y variables.
Este año, en junio, existió una expansión de los servicios de 1.9% anual, pero en julio, días después, perdió fuerza, descendiendo a 1.6%. Y en la industria, el crecimiento fue de 0.4% en junio, mientras que en julio tuvo un avance de apenas 0.1%. Y aunque se espera que el PIB (Producto Interno Bruto) de México crezca entre 1.5% y 2.3% durante la recta final del 2024, esto no deja de ser solo una expectativa.
Por lo pronto, la desaceleración económica actual nos marca un periodo de tiempo en el que el crecimiento económico del país, en algunas regiones con mayor o menor nivel, resulta más lento comparado con periodos anteriores.
Economistas y financieros, durante el primer semestre del año, advirtieron señales de que la economía en México se perfilaba hacia una caída importante, e incluso el pasado mes de agosto, el PIB se “aletargó” al grado que han venido hablando quienes saben, que estiman un crecimiento de entre 2% y 3% para cerrar el 2024. Y asi esperemos que esto, de resultar cierto, obtenga un repunte con la llegada de las remesas decembrinas y de año nuevo por parte de los paisanos avecindados en los Estados Unidos de América.
Y, por si fuera poco entusiasta el ambiente financiero, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sus diagnósticos, parece pronosticar un recorte en el Producto Interno Bruto (PIB) en México. Y esto se debe a que estiman que la inflación mundial seguirá en niveles elevados no solo en 2024, sino también en 2025, dado que no aprecian un dinamismo significativo en las exportaciones que vaya directo al impulso de la economía.
DE SOBREMESA
Hay quienes insisten en que habrá un severo impacto económico en las semanas finales del año, ante los efectos de la reforma judicial, una baja inversión privada, la política fiscal en una etapa transexenal, el proceso que de alguna manera se ve con incertidumbre para la aprobación del presupuesto (paquete económico 2025), los vaivenes en la política energética, el proceso para la revisión y las posibles modificaciones del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), las elecciones en EE.UU., entre otros temas.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
Y es que, en el caso del T-MEC, es el mayor instrumento para la economía del país. Se firmó el 30 de noviembre de 2018 y entró en vigor el 1.º de julio de 2020. Más sin embargo, en la época post-COVID y con las transiciones tanto en nuestra nación como en el vecino país del norte, podrían, durante la revisión que se realiza, moverse o incorporarse nuevas disposiciones que resolverían o no las situaciones actuales en materia económica.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
La Junta de Gobierno del Banco de México, en unas horas, este jueves, según algunos analistas, podría recortar la tasa de interés de referencia, que actualmente se ubica en 10.75% anual, justo en la víspera del relevo en el Poder Ejecutivo entre don Andrés Manuel López Obrador y doña Claudia Sheinbaum Pardo.
UN CAFÉ CON PILONCILLO
Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, ha reiterado y garantizado que el país tendrá una transición tersa y estable, y que México dispone de un blindaje superior a los 251 mil millones de dólares, lo que se convierte en un colchón para absorber los choques externos de la economía, y todos deseamos que no haya sobresaltos.
UN CAFÉ CON PIQUETE
Tengamos confianza en Ramírez de la O, quien, junto con doña Raquel Buenrostro Sánchez, exoficial mayor de la SHCP y, por cierto, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, como alumnos avanzados en el equipo de Carlos Urzúa, ahora al lado de la presidenta Sheinbaum, podrían ser un binomio de grandes aportaciones para el devenir no distante.
La seguridad no se proclama. Se garantiza. La democracia no se presume. Se ejerce. Y la impunidad no se combate con discursos, sino con justicia.
En política, las diferencias no siempre se encuentran en las palabras. A menudo se revelan en las decisiones, en las omisiones y, sobre todo, en la manera en que cada gobernante entiende el ejercicio del poder.
Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum representan dos estilos profundamente distintos de conducción política. Dos concepciones del Estado. Dos maneras de enfrentar la inseguridad y dos discursos que, cuando se contrastan con la realidad, merecen un examen mucho más riguroso que el aplauso de sus respectivos seguidores.
El presidente salvadoreño ha construido buena parte de su legitimidad sobre una premisa contundente: ningún Estado puede considerarse soberano mientras el crimen organizado gobierne sus calles.
Y en ese terreno, los resultados de El Salvador son difíciles de ignorar.
Un país que durante décadas padeció el dominio territorial de las pandillas experimentó una transformación radical en sus condiciones de seguridad. Barrios anteriormente sometidos a la extorsión recuperaron espacios de convivencia. Miles de integrantes de estructuras criminales fueron encarcelados y la violencia homicida registró una reducción extraordinaria.
Pero sería intelectualmente deshonesto omitir la otra cara de esa transformación: las denuncias de detenciones arbitrarias, las restricciones a las garantías individuales y los cuestionamientos internacionales sobre la concentración del poder.
Porque la seguridad es indispensable para la democracia, pero jamás debería convertirse en pretexto para prescindir de ella.
En México, entretanto, el desafío presenta dimensiones mucho más complejas.
Claudia Sheinbaum recibió un país profundamente lastimado por la violencia, con regiones donde las organizaciones criminales han disputado al Estado funciones que constitucionalmente le corresponden.
La presidenta ha procurado imprimir una orientación distinta a la estrategia de seguridad heredada de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, persiste una interrogante que ningún discurso oficial consigue disipar:
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno cuando la exigencia de justicia alcanza a los integrantes de su propio movimiento?
Porque combatir la delincuencia exige mucho más que capturar criminales de bajo perfil. Requiere desarticular redes financieras, investigar complicidades institucionales y demostrar que el poder político no constituye un salvoconducto frente a la ley.
La corrupción no adquiere legitimidad por cambiar de partido. Tampoco desaparece porque sus protagonistas se proclamen representantes del pueblo.
Y aquí emerge una de las contradicciones más delicadas de la llamada 4T: la distancia entre su discurso de regeneración moral y los cuestionamientos que han rodeado a diversos personajes vinculados con su proyecto político.
No basta con invocar la honestidad como principio revolucionario. Hay que acreditar su vigencia en los tribunales, en las investigaciones y en las responsabilidades efectivamente sancionadas.
La justicia que distingue entre adversarios y aliados deja de ser justicia para convertirse en instrumento de conveniencia política.
En el terreno internacional, las diferencias también merecen atención.
La política exterior mexicana ha mantenido una relación de interlocución y cooperación con gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyas prácticas democráticas y condiciones de derechos humanos han sido objeto de severos cuestionamientos.
BUKELE Y SHEINBAUM… DOS VISIONES DEL PODER
Por:
Jesús te Ampare // Cecilio García Cruz
Primera parte
La seguridad no se proclama. Se garantiza. La democracia no se presume. Se ejerce. Y la impunidad no se combate con discursos, sino con justicia.
En política, las diferencias no siempre se encuentran en las palabras. A menudo se revelan en las decisiones, en las omisiones y, sobre todo, en la manera en que cada gobernante entiende el ejercicio del poder.
Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum representan dos estilos profundamente distintos de conducción política. Dos concepciones del Estado. Dos maneras de enfrentar la inseguridad y dos discursos que, cuando se contrastan con la realidad, merecen un examen mucho más riguroso que el aplauso de sus respectivos seguidores.
El presidente salvadoreño ha construido buena parte de su legitimidad sobre una premisa contundente: ningún Estado puede considerarse soberano mientras el crimen organizado gobierne sus calles.
Y en ese terreno, los resultados de El Salvador son difíciles de ignorar.
Un país que durante décadas padeció el dominio territorial de las pandillas experimentó una transformación radical en sus condiciones de seguridad. Barrios anteriormente sometidos a la extorsión recuperaron espacios de convivencia. Miles de integrantes de estructuras criminales fueron encarcelados y la violencia homicida registró una reducción extraordinaria.
Pero sería intelectualmente deshonesto omitir la otra cara de esa transformación: las denuncias de detenciones arbitrarias, las restricciones a las garantías individuales y los cuestionamientos internacionales sobre la concentración del poder.
Porque la seguridad es indispensable para la democracia, pero jamás debería convertirse en pretexto para prescindir de ella.
En México, entretanto, el desafío presenta dimensiones mucho más complejas.
Claudia Sheinbaum recibió un país profundamente lastimado por la violencia, con regiones donde las organizaciones criminales han disputado al Estado funciones que constitucionalmente le corresponden.
La presidenta ha procurado imprimir una orientación distinta a la estrategia de seguridad heredada de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, persiste una interrogante que ningún discurso oficial consigue disipar:
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno cuando la exigencia de justicia alcanza a los integrantes de su propio movimiento?
Porque combatir la delincuencia exige mucho más que capturar criminales de bajo perfil. Requiere desarticular redes financieras, investigar complicidades institucionales y demostrar que el poder político no constituye un salvoconducto frente a la ley.
La corrupción no adquiere legitimidad por cambiar de partido. Tampoco desaparece porque sus protagonistas se proclamen representantes del pueblo.
Y aquí emerge una de las contradicciones más delicadas de la llamada 4T: la distancia entre su discurso de regeneración moral y los cuestionamientos que han rodeado a diversos personajes vinculados con su proyecto político.
No basta con invocar la honestidad como principio revolucionario. Hay que acreditar su vigencia en los tribunales, en las investigaciones y en las responsabilidades efectivamente sancionadas.
La justicia que distingue entre adversarios y aliados deja de ser justicia para convertirse en instrumento de conveniencia política.
En el terreno internacional, las diferencias también merecen atención.
La política exterior mexicana ha mantenido una relación de interlocución y cooperación con gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyas prácticas democráticas y condiciones de derechos humanos han sido objeto de severos cuestionamientos.