Vamos por partes.
El miércoles pasado, el INEGI dio a conocer que las ventas de autos crecieron a un ritmo de 8.3 por ciento en junio respecto a las del mismo mes del año pasado.
Si bien el crecimiento ya no fue de dos dígitos, como ocurrió en los primeros meses del año, la fuerza de las ventas sigue siendo elevada.
Ya quisieran muchos sectores estar creciendo a tasas mayores al 8 por ciento.
En contraste, el viernes pasado, el IMSS dio a conocer que en junio se perdieron 29 mil 555 puestos de trabajo formales con relación a mayo.
Lo más preocupante es que en mayo ya se habían perdido 25 mil 503 empleos.
La última vez que se perdieron empleos en dos meses sucesivos fue en junio y julio de 2020.
Hay meses en los que tradicionalmente el empleo decrece, como en diciembre. Pero observando la trayectoria previa, no se había presentado una circunstancia semejante para los meses de mayo y junio.
¿Qué es lo que podemos decir respecto al futuro de la economía mexicana cuando vemos estas dos tendencias?
Por un lado, el comportamiento del empleo formal confirma que en el segundo semestre de este año veremos una desaceleración del crecimiento en general o incluso un freno de la actividad productiva tras el proceso electoral.
No es sorpresa. El Banco de México lo ha señalado en varias ocasiones, subrayando que esta circunstancia puede incluso ser un factor que permita que la inflación continúe con su tendencia a la baja.
Habrá que vigilar que lo que realmente tengamos sea una desaceleración y no un retroceso.
Pero, por otro lado, la fuerza que sigue mostrando el consumo revela que, al menos para ciertos segmentos de la economía, las cosas no han cambiado en lo fundamental.
En cada cambio sexenal hay un lapso en el que los empresarios difieren algunas inversiones, a la espera de conocer de manera más certera qué pueden esperar de la siguiente administración.
Pero, en este cambio en particular, con el hecho sin precedente en los últimos 40 años de la existencia de virtuales mayorías calificadas en el Congreso, las interrogantes pueden ser aún más grandes por las reformas constitucionales que podrían venir.
Al cambio sexenal hay que agregar la coyuntura específica de las finanzas públicas, que requieren un ajuste importante en 2025 debido al crecimiento del déficit durante el último año de esta administración.
Así no baje el déficit al 3 por ciento del PIB sino que se quede en 3.5 o 4 por ciento, va a ser indispensable hacer un ajuste en el gasto, que probablemente tenga un efecto negativo sobre la actividad económica.
Sume a lo anterior también la incertidumbre derivada de las elecciones en Estados Unidos, que por lo pronto perfilan como el resultado más probable el triunfo de Donald Trump.
Tomando en cuenta todos esos elementos no es sorpresivo que haya un compás de espera que seguramente ya está causando la caída del empleo y que inevitablemente va a conducir tarde o temprano a un menor ritmo en el consumo.