«El Profe» Bautista se marea al frente de la JUCOPO!!!
**Desde enero tuvo que definir los convenios con medios, estamos en junio y nada.
**Al único medio al que se le paga puntualmente es al de su vocero, Esaú Valencia.
**La página web «Cambio Digital» cobra la friolera de $135,000 mil pesos mensuales.
**Se refiere al Congreso como «su congreso, su oficina», se mareó al subirse en un ladrillo.
**Aparte le encomendaron ganar su municipio «Tatahuicapan» y lo perdió ante el Partido del Trabajo.
Xalapa, Ver. 04 junio 2025.- No obstante que de acuerdo con la Ley General de Comunicación Social, (de aplicación federal y en consecuencia estatal y municipal), desde los primeros 15 días del año se debió de integrar la lista de los medios con los que se habría de trabajar en el transcurso del año en el Congreso del Estado, a estas alturas del partido, cuando ya vamos a la mitad del año, todavía no se termina de elaborar la famosa relación, que además también por ley y transparencia debe de hacerse pública.
Como es bien sabido, los primeros quince días del mes de enero de cada año, el área de Comunicación Social, recibirá la propuesta de los diferentes medios de comunicación que soliciten un convenio de publicidad con el Congreso del estado, debiendo entregarlo en original y papel membretado del medio.
Pero ahora resulta que estamos en el mes de junio y esta es la bendita hora en que tanto el titular de la JUCOPO, Esteban Bautista Hernández, como su vocero, Esaú Valencia Heredia, no han terminado de elaborar la famosa lista de convenios con medios, porque desde la Des-Coordinación de Comunicación Social no ha podido definir cuales son con los que se trabajará.
Tan sencillo como revisar la lista de medios de comunicación con los que ya se venía trabajando desde la pasada administración, para depurar los que en verdad son medios de comunicación y no simples paginitas de Facebook (como la del Vocero Esaú Valencia), que solo cortan, pegan y comparten boletines.
Muchos de esos medios, en realidad nadie los conoce, por lo que resulta interesante que también de acuerdo con la aplicación estricta de la ley, se hagan públicos, para al menos se pueda conocer quienes son los que están cobrando por sus “servicios” en esta nueva legislatura, cosa que nadie sabe por que se trabaja en total opacidad desde que llegó Bautista Hernández a hacerse cargpo de la JUCOPO en el mes de noviembre del 2024.
Resulta incongruente que en la Des-Coordinación de Comunicación Social del Congreso, desde donde despacha Esaú Valencia Heredia, en donde se elaboran y aprueban las leyes, no se esté cumpliendo con las normas legales.
Al parecer, la estrategia que se siguió para elaborar la lista de medios con los que trabaja el Congreso del Estado, fue la de bajar los montos mensuales, para poder repartirlos entre más “medios”, pero a más de 7 meses de haber tomado posesión y de estar manejando más de $800 millones de pesos de presupuesto anual, nada se sabe, ni nada se concreta.
Habrá que revisar esa lista de medios beneficiados, los montos, no vaya a ser que se encuentren sorpresas como que el medio de comunicación del ahora funcionario público Esaú Valencia, también ha sido seleccionado para cobrar doble, como des coordinador y como medio. Amén de lo que ya cobra en algunos municipios.
Se habla de que el medio propiedad de Esaú Valencia (Compadre por cierto de Héctor Yunes Landa), una página web llamada «Cambio Digital» cobra la friolera de $135,000 mil pesos mensuales, facturados a la JUCOPO y al Congreso Local desde el pasado mes de diciembre, cuando apenas se cumplía un mes de haber llegado a la vocería del Congreso Local Esaú y el Profe Bautista se comenzaron a repartir el botín de los $800 millones del 2025.
Claro que todo eso es ilegal, porque se está violando flagrantemente la Ley General de Comunicación Social y la de Responsabilidades de los funcionaros públicos, que se ignora o desconoce, pero no significa que pueda ser nulificada su aplicación.
«EN MI OFICINA»… «EN MI CONGRESO»…. ¿NO QUE ERA DEL PUEBLO?
Por si algo le faltase a un proceso que ha perdido toda credibilidad, la renuncia a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana de la profesora María Angélica Buendía Espinosa le dio en la puntilla a la sucesión rectoral y evidenció, más que nunca, la manera porril en la que Martín Aguilar Sánchez pretende ser impuesto en una extensión ilegal e ilegítima del periodo para el que fue designado hace cuatro años.
El silencio de la Junta de Gobierno ante la renuncia de Buendía Espinosa, confirmada de manera extraoficial pero sin ningún posicionamiento, en ningún sentido, de autoridad universitaria alguna –pero que obedecería a las presiones a las que se les está sometiendo para que avalen el golpe a la UV-, expone de manera diáfana la magnitud de una crisis cuyo único responsable es Martín Aguilar. Además, por supuesto, de quienes lo empinaron y embarcaron en una misión suicida.
Las manifestaciones de repudio a la intentona golpista de Martín Aguilar han sido contundentes y generalizadas desde la semana pasada. Y si no se expresaron de manera masiva en la protesta del pasado lunes en la explanada de rectoría y en la plaza Lerdo, fue porque existen amenazas contra el personal docente y administrativo, al grado de condicionar su permanencia en su trabajo –con la complicidad de sus respectivos sindicatos-, así como contra los estudiantes, a los que se les intimida con la posibilidad de darles “muerte académica” si se manifiestan contra el aspirante a dictadorzuelo.
Aun con ello, todo indicaría que es inminente que la Junta de Gobierno apruebe la prórroga de Aguilar Sánchez y consume una imposición cuyas consecuencias no se acaban de dimensionar, pero que implicarían de entrada la judicialización de la sucesión en la rectoría de la UV y su caída en una espiral de inestabilidad, pues los aspirantes que en su legítimo derecho han manifestado su intención por contender por el cargo, como Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez, no piensan quedarse cruzados de brazos.
Si los aspirantes se amparan aduciendo la ilegalidad de la prórroga y de la supuesta “consulta” que la Junta de Gobierno se inventó para encauzar la imposición, la permanencia de Martín Aguilar al frente de la rectoría sería insostenible. Pero incluso en un escenario en el que se le cayera la extensión del periodo, el grupo que lo impulsa tiene un “plan B”: la secretaria de Desarrollo Institucional de la UV, Jaqueline Jongitud.
Desde que estuvo en la Junta de Gobierno entre 2016 y 2019, Jaqueline Jongitud tejió alianzas y favores que le permitieron concentrar un gran poder dentro de la Universidad, al grado de poner y quitar miembros de la misma Junta, como José Antonio Seade Kuri, hermano del actual embajador en China Jesús Seade, y quien jugó un papel fundamental en la designación como rector de Martín Aguilar en 2021. Incluso, se terminó casando con él apenas el pasado mes de diciembre de 2024.
Jongitud también operó para colocar en la Junta de Gobierno a su actual presidente, José Manuel Pinos Rodríguez, el 22 de junio de 2023. Con él, pacta la acometida para imponer la prórroga de Martín Aguilar o, en su defecto, su propia llegada a la rectoría.
Desde la Secretaría de Desarrollo Institucional universitaria, Jaqueline Jongitud controla los temas académicos, la obra pública y las finanzas de la UV, lo que le ha permitido obtener varios favores políticos a cambio de plazas de investigador, como con el propio Pinos y su amigo personal Irving Uriel López Bonilla. Y por si fuera poco, fue denunciada por violencia laboral y vulneración de la integridad personal de una de sus colaboradoras, lo que le valió la recomendación 004/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que de manera inaudita fue rechazada por la UV.
Jaqueline Jongitud es el “plan B” del grupo que se pretende enquistar, sí o sí, en la rectoría de la UV, por si el anodino Martín Aguilar se vuelve desechable.
El “plan B” en la rectoría
Por:
Rúbrica Aurelio Contreras Moreno
Por si algo le faltase a un proceso que ha perdido toda credibilidad, la renuncia a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana de la profesora María Angélica Buendía Espinosa le dio en la puntilla a la sucesión rectoral y evidenció, más que nunca, la manera porril en la que Martín Aguilar Sánchez pretende ser impuesto en una extensión ilegal e ilegítima del periodo para el que fue designado hace cuatro años.
El silencio de la Junta de Gobierno ante la renuncia de Buendía Espinosa, confirmada de manera extraoficial pero sin ningún posicionamiento, en ningún sentido, de autoridad universitaria alguna –pero que obedecería a las presiones a las que se les está sometiendo para que avalen el golpe a la UV-, expone de manera diáfana la magnitud de una crisis cuyo único responsable es Martín Aguilar. Además, por supuesto, de quienes lo empinaron y embarcaron en una misión suicida.
Las manifestaciones de repudio a la intentona golpista de Martín Aguilar han sido contundentes y generalizadas desde la semana pasada. Y si no se expresaron de manera masiva en la protesta del pasado lunes en la explanada de rectoría y en la plaza Lerdo, fue porque existen amenazas contra el personal docente y administrativo, al grado de condicionar su permanencia en su trabajo –con la complicidad de sus respectivos sindicatos-, así como contra los estudiantes, a los que se les intimida con la posibilidad de darles “muerte académica” si se manifiestan contra el aspirante a dictadorzuelo.
Aun con ello, todo indicaría que es inminente que la Junta de Gobierno apruebe la prórroga de Aguilar Sánchez y consume una imposición cuyas consecuencias no se acaban de dimensionar, pero que implicarían de entrada la judicialización de la sucesión en la rectoría de la UV y su caída en una espiral de inestabilidad, pues los aspirantes que en su legítimo derecho han manifestado su intención por contender por el cargo, como Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez, no piensan quedarse cruzados de brazos.
Si los aspirantes se amparan aduciendo la ilegalidad de la prórroga y de la supuesta “consulta” que la Junta de Gobierno se inventó para encauzar la imposición, la permanencia de Martín Aguilar al frente de la rectoría sería insostenible. Pero incluso en un escenario en el que se le cayera la extensión del periodo, el grupo que lo impulsa tiene un “plan B”: la secretaria de Desarrollo Institucional de la UV, Jaqueline Jongitud.
Desde que estuvo en la Junta de Gobierno entre 2016 y 2019, Jaqueline Jongitud tejió alianzas y favores que le permitieron concentrar un gran poder dentro de la Universidad, al grado de poner y quitar miembros de la misma Junta, como José Antonio Seade Kuri, hermano del actual embajador en China Jesús Seade, y quien jugó un papel fundamental en la designación como rector de Martín Aguilar en 2021. Incluso, se terminó casando con él apenas el pasado mes de diciembre de 2024.
Jongitud también operó para colocar en la Junta de Gobierno a su actual presidente, José Manuel Pinos Rodríguez, el 22 de junio de 2023. Con él, pacta la acometida para imponer la prórroga de Martín Aguilar o, en su defecto, su propia llegada a la rectoría.
Desde la Secretaría de Desarrollo Institucional universitaria, Jaqueline Jongitud controla los temas académicos, la obra pública y las finanzas de la UV, lo que le ha permitido obtener varios favores políticos a cambio de plazas de investigador, como con el propio Pinos y su amigo personal Irving Uriel López Bonilla. Y por si fuera poco, fue denunciada por violencia laboral y vulneración de la integridad personal de una de sus colaboradoras, lo que le valió la recomendación 004/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que de manera inaudita fue rechazada por la UV.
Jaqueline Jongitud es el “plan B” del grupo que se pretende enquistar, sí o sí, en la rectoría de la UV, por si el anodino Martín Aguilar se vuelve desechable.