La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exige reformar el inciso A, fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación.
Ello, sostiene, porque en la actualidad existen más de 20 modalidades de extorsión, “pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas”.
De ahí que hace un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno. “Es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional”, dice el organismo que encabeza Juan José Sierra.
El sindicato patronal aseveró, en su documento Señal Coparmex, que ha trabajado en una propuesta de Ley General desde la LXV Legislatura junto con especialistas, penalistas, constitucionalistas y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE).
“También hemos colaborado con la exsecretaria Rosa Icela Rodríguez, CONASE, la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex y la Comisión de Seguridad del CCE. Esta propuesta está lista para ser discutida en el Congreso una vez que la reforma constitucional avance”.
El organismo patronal aseveró que el delito de la extorsión afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas y familias mexicanas.
“Sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país. Por lo que es urgente discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión”.
La cifra negra es alarmante, toda vez que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian.
El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas, pues en algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50% en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno. Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8% más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.
El sindicato patronal recordó que los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes.
“Bajo la apariencia de ‘protección’, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos.
“También hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones. Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, se clasifica como ‘uso de confianza’ o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones”.
No dejó de acusar que, además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) impide respuestas efectivas.
