Sin embargo, ofrecen servicios de educación –bachillerato y carreras universitarias – cobrando cuantiosas colegiaturas. Luego, se niegan a entregar documentos, utilizan recursos dilatorios y, al final, se evaden de la presión de los padres de familia y en ocasiones hasta de la justicia si son denunciados.

Precisamente en enero y febrero de este año el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, emitió dos sentencias condenatorias por dieciocho y trece años y medio en contra América Estebana Prado Márquez y Luis Soto, respectivamente, por los delitos de fraude genérico e impartición ilícita de la educación.

La madre de Prado Márquez –Clelia “N”, también implicada en estos delitos, recurrió al amparo para no ser encarcelada. Madre e hija son las dueñas de la escuela citada, la cual se encuentra ubicada en Luis Freg 12, colonia Lomas de Sotelo, en Naucalpan Estado de México. El fin de semana la Fiscalía mexiquense clausuró la escuela colocando sellos en las puertas principales. La clausura incluyó los espacios alternos que se utilizaban para impartir clases.

La historia de este fraude genérico e impartición ilícita de la educación se detectó hace varios meses, desde julio de 2021, cuando padres de familia denunciaron que los funcionarios del colegio se negaban a entregar la documentación que acreditaba que sus hijos habían cursado estudios de bachillerato.

En diversos documentos –así como en la publicidad que utilizaban los dueños para dar a conocer sus servicios educativos siempre manejaban que la escuela estaba registrada ante la SEP. Con esta suerte de aval, atraían clientes y/o estudiantes que deseaban cursar su preparatoria escolarizada y avalada por la institución federal. Pero la realidad es que todo era parte de un engaño, un fraude vil, en el que por desgracia han caído tanto alumnos como padres de familia que han terminado sumidos en la decepción total.

Con base en una investigación realizada por este reportero, se pudo saber que cuando los padres de familia se acercan a la escuela para solicitar información y/o inscribir a sus hijos son recibidos por un funcionario del colegio llamado Luis Soto, quien hasta antes de ser encarcelado y sentenciado se ostentaba como director escolar.

El mismo personaje solía explicar que la escuela contaba –ya fue clausurada y ahora los afectados buscan que desaparezca definitivamente –que la escuela contaba con dos sistemas educativos: uno autorizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y otro avalado por la SEP, siendo éste el de bachillerato en la modalidad de escolarizado.

Esto implicaba que los aspirantes debían asistir a clases presenciales todos los días respetando un horario de 7:00 de la mañana a 15:00 de la tarde. Los pagos de las colegiaturas eran mensuales.

Quienes accedieron al bachillerato tuvieron que entregar la documentación de rigor: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de secundaria. A la hora de realizar los pagos, los padres de familia debían cubrir varios rubros: inscripción, colegiatura y el pago de incorporación a la SEP.

En los documentos emitidos por la escuela –según se pudo indagar –siempre aparecía la leyenda “Bachillerato Tominaga Nakamoto, “incorporada a la Secretaría de Educación Pública”.–

Sin embargo, ciertas sospechas comenzaron a brotar cuando, en otros documentos, aparecían leyendas distintas, entre otras, “bachillerato tecnológico”, sólo por citar un ejemplo. No aparecía el nombre de la escuela y, peor aún, tampoco algún sello que le diera carácter oficial.

Pero todas las anomalías y fraudes salieron a flote en el momento en que los alumnos concluían sus estudios y solicitaban sus documentos que acreditaran sus estudios. De inmediato los funcionarios, entre otros, Luis Soto, América Estebana Prado Márquez y la madre de ésta, Clelia “N” –éstas últimas dueñas de la escuela –comenzaban a darle largas a los padres de familia; utilizaban recursos dilatorios para evadir la entrega de certificados y otros papeles, ocasionando retrasos.

Después de tantas presiones, la escuela terminaba otorgando una constancia de estudios que no tenía validez en ninguna otra institución a donde los estudiantes pretendían ingresar. Fue así como se pudo saber, con profunda decepción, que los estudiantes y sus papás fueron engañados por los dueños y funcionarios del colegio, pues dicha constancia sólo les daba el pase para presentar un examen tipo CENEVAL conforme al conocido acuerdo 286 de la SEP.

Sin embargo, para realizar un examen bajo el acuerdo 286, los estudiantes no debieron acudir a un sistema escolarizado ni pagar colegiaturas como si hubieran cursado un bachillerato escolarizado. Este fue el momento en que se descubrió el doble fraude: el genérico y el de impartición ilícita de educación.

Más tarde, de acuerdo con la investigación periodística, también se pudo saber que la escuela carece de registro ante la SEP; sin embargo, siempre ofreció servicios educativos como si estuviera incorporada a la dependencia federal.

Más anomalías

A lo largo de varios años, según fuentes consultadas, en la escuela Tominaga Nakamoto –que ofrece bachillerato y carreras universitarias –se han detectado varias anomalías. Cuando personal de la UAEM realiza inspecciones, por ejemplo, suelen presentar a empleados de la escuela como si fueran estudiantes.

Y es que para mantener abierta una carrera basta con que esté inscrito un alumno. De esa manera justifican ante las autoridades y el pública en general que cuentan con carreras abiertas. Personal de la SEP, según se pudo saber, raras veces se aparecían. También trasciende que los dueños de la escuela solían hacer pagos de propinas o sobornos para no ser multados o clausurados por las anomalías en las que incurrían.

No sólo eso: entre las fuentes con las que tuve oportunidad de conversar también se sabe que cuando los alumnos de carreras como medicina reprueban u obtienen bajas calificaciones proceden a subirlas para mantenerlos en el colegio. Muchos estudiantes de medicina, por ejemplo, son hijos de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que, según se pudo indagar, ignoran estas prácticas fraudulentas que, sin duda, van a repercutir en la formación profesional de los futuros médicos.

Todos los fraudes en los que incurrieron tanto las dueñas de la escuela como funcionarios de la misma se pudieron conocer por denuncias y también porque la Fiscalía del Estado de México tomó el caso y realizó una investigación a fondo.

Después de una larga y exhaustiva investigación, la Fiscalía mexiquense logró la captura de la vicerrectora de la universidad –América Estebana Márquez –; también la de Luis Soto, quien se ostentaba como director escolar. Hubo otra orden de aprehensión contra la madre de América, la señora Clelia “N”, pero un amparo impidió que pisara la cárcel. Sin embargo, sobre ella pesan los mismos delitos. Los dos primeros están bajo prisión en el penal de Barrientos, en el Estado de México, y purgan sentencias de trece años y medio y dieciocho años, respectivamente.

La mañana del domingo 27 de abril de este año la Fiscalía de Justicia del Estado de México clausuró la escuela Tominaga Nakamoto; en las puertas de entrada de todos sus planteles –incluido los alternos –fueron colocados sellos en los que se puede leer la leyenda “suspensión de actividades”.

El siguiente paso es que ese colegio donde se ejecutaron prácticas fraudulentas, desaparezca. Por ello, los afectados exigen la intervención de la SEP y de su titular, Mario Delgado. Hasta ahora la dependencia sigue sin intervenir.