Huachicol, la amenaza que crece en Veracruz

Hora cero   Luis Alberto Romero
El robo de combustible, conocido popularmente como huachicol, no es un fenómeno reciente en México. Aunque sus orígenes se remontan a varias décadas atrás, fue a partir de la década de 1990 cuando comenzó a intensificarse, hasta convertirse en una grave amenaza nacional y en una fuente de ingresos para la delincuencia organizada.
Las pérdidas económicas que ha sufrido Petróleos Mexicanos por esta actividad ilícita son alarmantes. Entre 2019 y 2024, se estima que la empresa perdió más de 75,000 millones de pesos debido al robo de hidrocarburos. Este delito no solo impacta las finanzas de la empresa estatal, sino también la seguridad pública y el medio ambiente.
Para dimensionar el problema, Pemex reportó en febrero de 2024 pérdidas diarias por 18.7 millones de pesos provocadas por tomas clandestinas en sus ductos.
A través de estos puntos ilegales, se extraen gasolina, diésel, turbosina, combustóleo y gas LP, entre otros productos. Es una práctica que además de ser ilegal, representa un alto riesgo para la vida humana, las propiedades y los ecosistemas cercanos.
Las entidades más afectadas por el huachicol incluyen Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Coahuila y el Estado de México.
Aunque Veracruz no figura entre los diez estados con mayor incidencia, la situación en esta entidad se ha deteriorado notablemente durante la última década.
De acuerdo con datos del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Veracruz registró un incremento del 93% en el número de tomas clandestinas detectadas durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 58 puntos ilegales identificados entre enero y marzo, Veracruz se ubicó en el duodécimo lugar a nivel nacional.
Los municipios veracruzanos con mayor incidencia son Tierra Blanca, Rodríguez Clara, Oteapan, Isla y Jáltipan, localidades donde la delincuencia ha encontrado condiciones propicias para operar.
Aunque desde la Federación se han implementado estrategias para combatir el robo de combustible, los resultados han sido insuficientes.
Ante dicho escenario, parece urgente que el gobierno fortalezca las áreas de inteligencia financiera y a la vez fomente la participación ciudadana, dado que combatir al huachicol no solo es una tarea de seguridad, sino una responsabilidad colectiva para proteger a las comunidades, el patrimonio público y el entorno natural.
Recordemos experiencias como la que se registró en enero de 2019 en Hidalgo, donde la explosión de un ducto debido a una toma clandestina provocó la muerte de 137 personas.
En los estados con este problema, el riesgo es alto; en Veracruz, por ejemplo,  si en tres meses fueron detectadas e inhabilitadas 58 tomas clandestinas, ¿cuántas seguirán activas?

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Columna hoy

Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico

Los números les estorban.

Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico

Astrolabio Político // Luis Ramírez Baqueiro

“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.

 

Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.

La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.

El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.

Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.

La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.

Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.

Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.

Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.

En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.

Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.

La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.

El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.

La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.

Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.

El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.

Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.

¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.

Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.

La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.

También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.

La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.

Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.

El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.

Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.

 

Al tiempo.