La Jornada Editorial La Jornada 04 de junio de 2025

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó ayer que con 91.7 por ciento de los votos computados, los candidatos punteros para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

Cuatro de las cinco mujeres y dos de los cuatro hombres que conformarán el máximo tribunal tienen una conocida afinidad con el proyecto de la Cuarta Transformación, un saldo lógico tanto por el respaldo popular al ideario de esta corriente, como por la abstención promovida entre sus opositores. De los tres aspirantes que no necesariamente comulgan con el obradorismo y su legado cabe resaltar a Herrerías Guerra (magistrada de circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal [2005-2012] subsecretaria de Derechos Humanos [2013-2018] en la Secretaría de Gobernación, fiscal especial en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República [2020-2023]) y a Hugo Aguilar Ortiz, licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una larga trayectoria –como profesional y militante– en la defensa de los pueblos originarios. Sin duda cabe saludar como un hito en la centenaria lucha indígena por la equidad que un abogado mixteco se integre, y con gran probabilidad presida, la Suprema Corte por mandato popular, tal como hizo el Benemérito de las Américas hace 168 años al ganar por el voto indirecto en primer grado (método de colegio electoral) establecido en la Constitución de 1857.

Aunque la ciudadanía ya expresó su voluntad en las urnas, el talante antidemocrático e incluso demofóbico exhibido por la mayoría de los ministros salientes hace temer que la transición de una SCJN formada por pactos cupulares a una emanada de la soberanía popular esté llena de tensiones y obstáculos. En esta difícil coyuntura, cabe esperar que el bloque derechista encabezado por la todavía ministra presidenta, Norma Piña, finalmente acepte su derrota histórica y tenga la altura de miras para cesar el enorme daño que le ha infligido a México al sabotear el desarrollo económico, poner los intereses corporativos por encima del bien común, proteger a evasores fiscales, liberar a criminales armados o de cuello blanco y, en general, obstruir la justicia y propiciar la impunidad. Si bien no todos los fallos aberrantes del PJ se han tomado en el máximo tribunal, es innegable que éste modula el funcionamiento de todo el aparato de impartición de justicia en al menos tres formas determinantes: por su papel como tribunal de última instancia, por el carácter jurisprudencial que cobran sus resoluciones, y porque, hasta ahora, la persona que preside la Suprema Corte de Justicia también encabeza el Consejo de la Judicatura Federal, órgano teóricamente encargado de supervisar la buena praxis de los togados. En los hechos, la supervisión de los jueces por los propios jueces ha sido un costosísimo esquema de tráfico de influencias e intercambio de favores que valida y hasta premia a quienes emiten sentencias agraviantes contra el derecho, la nación y los ciudadanos de a pie.

Los mexicanos que acudieron a sufragar en los comicios judiciales del domingo pasado tienen motivos para regocijarse porque, con su voto, de forma ordenada y pacífica, renovaron un organismo que ha estado dominado por juzgadores impresentables. Ahora, los nuevos ministros deberán demostrar con sus actos que son dignos de la investidura por la que han competido, mientras a la ciudadanía le queda la tarea de vigilar y fiscalizar el desempeño de las personas a quienes otorgó su confianza.

Más allá del sentido que cobren las resoluciones de la Suprema Corte y de todos los tribunales cuyos nuevos titulares serán anunciados en los próximos días, el mejor saldo posible de la jornada electoral se dará si propicia un aumento en la politización de la sociedad, es decir, en el interés de las mayorías por informarse e involucrarse en el marco legal que rige al país, la estructura y funcionamiento de la rama judicial del gobierno, y el impacto de las decisiones jurídicas en la vida cotidiana de todos los mexicanos.