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Gran revuelo causó la noche de este pasado miércoles la difusión de un pronunciamiento conjunto de los tres exrectores de la Universidad Veracruzana de su época de autonomía, exigiendo a la Junta de Gobierno apegarse a la legislación universitaria “sin interpretaciones” para conducir el proceso de renovación del periodo de rectorado de la casa de estudios.

Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez suscribieron de manera conjunta una petición a la Junta de Gobierno –órgano en cuyas manos estará la decisión de elegir a quien encabezará la rectoría de la UV para el periodo 2025-2029- para que“actúe con estricto apego a derecho en cada etapa del proceso de designación”.

Advirtieron que “cualquier desvío del marco normativo –por mínimo que parezca– puede poner en entredicho no solo la autonomía de nuestra casa de estudios, sino también el compromiso ético y social que debe regir su gobernanza”, y destacaron que la legislación universitaria define con precisión –y sin dejar duda o espacio a interpretaciones meta legales– los pasos y plazos a seguir.

“Estas disposiciones legales no son sugerencias: constituyen mandatos legales que deben cumplirse con puntualidad y transparencia, sin interpretaciones. Interpretar la normativa institucional, no es atribución de la Junta de Gobierno”, enfatizaron los exrectores, además de prevenir que “retrasar, omitir, interpretar ilegalmente o alterar el curso normativo de este proceso, por la razón que sea, abre la puerta a arbitrariedades que amenazan la credibilidad de la máxima casa de estudios de Veracruz. No se trata únicamente de una cuestión técnica o administrativa: está en juego la confianza pública, la certeza jurídica y la legitimidad del próximo liderazgo rectoral”.

¿Qué fue lo que provocó esta inédita toma de postura de quienes encabezaron los destinos de la Universidad Veracruzana desde 1997 hasta 2021, cuando comenzó el periodo del actual rector Martín Aguilar Sánchez? Pues la intentona de éste de mantenerse en el cargo violentando la Ley Orgánica de la institución al ya no cubrir uno de los requisitos –el de la edad-, y todavía más grave, manipulando a la Junta de Gobierno, a la cual tiene colonizada, para que le conceda una prórroga fuera de la legalidad.

Es conocida la fallida tentativa de Aguilar Sánchez de reformar a su conveniencia personal la Ley Orgánica de la UV para eliminar el “candado” de los 65 años de edad como máximo al momento de asumir para un nuevo periodo. Fue vergonzoso cómo después de acudir personalmente al Congreso del Estado a entregar la iniciativa la pasada Legislatura, una vez que entró la actual, la retiró para que mejor le dijeran cuándo la podría presentar. Lo cual no ocurrió.

Este miércoles, la Junta de Gobierno sesionó y, de acuerdo con versiones extraoficiales recogidas por quien esto escribe, se deslizó la “propuesta” de prorrogar de manera directa el rectorado de Martín Aguilar Sánchez, lo que representaría una suerte de “golpe de Estado” para la Universidad al no haber sustento jurídico para ello, más que una “interpretación” de la legislación universitaria, misma a la que precisamente aluden Sara Ladrón, Raúl Arias y Víctor Arredondo.

El artículo 36 de la Ley Orgánica establece que el rector “durará en su cargo cuatro años, periodo que podrá prorrogarse por una sola vez”. Pero la reglamentación de esa norma contempla que se lleve a cabo un proceso de auscultación a la comunidad universitaria, en el que pueden participar otros aspirantes. Una prórroga directa sería además de ilegal, un acto de autoritarismo.

Los promotores de la “prórroga” fueron, de acuerdo con esas mismas versiones, el presidente de la Junta de Gobierno, Juan Manuel Pinos Rodríguez, y uno de sus integrantes más recientemente incorporados, Ernesto Isunza Vera. Ambos, amigos personalísimos de Martín Aguilar.

De hecho, Isunza Vera –quien también fue integrante del comité que le entregó el INE a Morena-, Martín Aguilar y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara fueron compañeros en su época universitaria. Y fue precisamente el apoyo del entonces delegado del Bienestar en Veracruz –con la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador- el que resultó determinante para que Aguilar Sánchez fuera designado rector en agosto de 2021. Y lo cual explica su penosa sumisión a lo que diga el gobierno y su clara orientación política favorable al morenato.

Para el proceso de renovación del periodo rectoral de este 2025, Isunza Vera es incorporado a la Junta de Gobierno gracias al impulso del propio Martín Aguilar y de la secretaria de Desarrollo Institucional Jaqueline Jongitud, la mano que mece la cuna en la UV. Tanto, que la casa de estudios rechazó una recomendación en su contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz por violencia laboral y vulneración de la integridad personal de una empleada, y cuya impugnación se encuentra pendiente de resolución en la Comisión Nacional.

De acuerdo con lo trascendido, en la Junta de Gobierno, integrada por cinco miembros internos y cuatro externos a la UV, cuatro de éstos se niegan rotundamente a hacer la interpretación favorable a la prórroga directa y los tres restantes no se han definido. Pero las presiones van a estar con todo.

Otra vía por la que Martín Aguilar podría buscar su permanencia sería la del amparo, acusando a la legislación universitaria de “discriminatoria”, algo totalmente incongruente porque en 2021 contendió bajo esas mismas normas. Pero el amparo podría proceder o no. El rector quiere ir a la segura.

Y si para eso debe reventar a la UV, al parecer estaría dispuesto a pagar ese precio. ¿Pensarán lo mismo los universitarios?