¿Nahle, tapadera de Cuitláhuac?

LíneaCaliente Edgar Hernández*

A la vuelta de siete meses del gobierno de Rocío Nahle pálidos, muy pálidos, han sido los esfuerzos por desmarcarse de la herencia maldita que le dejó el gobierno de Cuitláhuac García.
Son acaso las cortesías políticas que le dispensa Claudia Sheinbaum o tal vez la marca del lopezobradorismo que carga el legendario atarantado que lo hacen transitar en la impunidad, pero el caso es que en Veracruz el nuevo gobierno no se atreve a tocarlo ni con el pétalo de una rosa.
Ello llama a la sospecha, despierta la curiosidad y obliga a concluir en que el intocable mueve importantes hilos de poder que tienen paralizado al gobierno de Nahle para actuar en su contra.
De otra suerte resulta inexplicable que luego de un sexenio, el anterior, de denuncias públicas con pruebas en la mano por subejercicios, saqueos al erario y abusadores del erario impunes no pasa nada.
Imposible creer que luego de haber recibido un estado en quiebra no se llame a cuentas a ninguno de los peces gordos y sean tan pálidas las respuestas oficiales ante el reclamo de cárcel a los depredadores del presupuesto.
Inverosímil que no exista respuesta ministerial ante evidencias que señalan la inauguración de obras inexistentes o se proceda contra responsables administrativos de las secretarías, la vieja Oficialía Mayor de la SEV y áreas específicas en el manejo de recursos financieros y que no se actúe en contra quienes se llevaron hasta los ahorros de jubilados y pensionados.
Si la Auditoría Superior de la Federación denuncia que al menos en 2024 desparecieron 70 millones de pesos y presuma un desvío sexenal de 8 mil millones de pesos ¿no sería obligado que el gobierno de Nahle diera cuenta qué pasó en la entrega-recepción que efectuó seis meses antes de la toma de protesta?
La gobernadora no ha dicho nada, guarda sospechoso silencio y no dice esta boca es mía ante la cascada de denuncias del sector oficial, la ciudadanía y la opinión pública sobre el descomunal saqueo a las arcas.
Todavía el pasado 8 de mayo llamó la atención la postura de la gobernadora cuando calificó las raterías encontradas en el sector salud como “protocolo” negando asimismo que “haya algún pleito o rompimiento con su antecesor”.
Ello tras darse a conocer que había una denuncia penal por irregularidades detectadas en el Sector Salud en el ejercicio fiscal del 2023 en donde sorpresivamente insistió en que “se trata de un protocolo que se debe seguir en contra de exfuncionarios de esa dependencia”.
A la opinión pública veracruzana y la nacional les queda claro que no se puede ser tapadera de quien acometió presuntos actos delincuenciales tan evidentes que solo dan lugar a la sospecha de complicidad.
Ya de por sí la señora Nahle estatal enfrenta serios problemas de auditorías a su gestión pasada como Secretaría de Energía en el tema Dos Bocas como para que cargue con el encubrimiento de las fechorías de su antecesor.
Ella, como buena militante de Morena y sometida a la tutela de López Obrador está obligada al respeto y distancia institucional con el atarantado ya que entiende que forman parte de la herencia del priismo del cual provienen, sin embargo, lo institucional reclama no solapar comprobados actos de corrupción o mantener ocultos los estados financieros que recibió.
No pocos fuimos testigos que durante el largo mandato del priismo en Veracruz -casi un siglo- las reglas de juego eran muy claras; los equipos de transición estaban obligados a rendir a la opinión pública el estado financiero que recibían tras la toma de posesión del nuevo gobierno.
Ello mientras que el mandatario entrante el día de su protesta nombraba una comisión para que acompañara al gobernador saliente a los límites de Veracruz con Puebla y… ¡Ahí nos vemos cocodrilo!
Si la disposición financiera era, digamos permisible, de acuerdo a las reglas de juego y no iban más allá de una cascada de notas y columnas reseñando las raterías del saliente, pasaba.
No se volvía a saber del saliente, pero dejar sin aclarar el destino de 8 mil millones de pesos es imperdonable.
No cabe duda que los tiempos cambiaron.
Antes robar un millón de pesos al erario era el escándalo y cárcel de por vida, hoy distraer o dejar sin aclarar 8 mil millones de pesos es solo “protocolo”.
Tiempo al tiempo.