Prepa Juárez, entre la protesta y el debido proceso

Hora cero   Luis Alberto Romero
Por la mañana de este lunes, un grupo de estudiantes del Colegio Preparatorio de Xalapa —mejor conocido como la prepa Juárez— protestó en contra del cese de su exdirector, Luis Manuel González García.
Los inconformes buscaban ser recibidos por la gobernadora Rocío Nahle, quien accedió a un breve diálogo. En él, reiteró que la prioridad de su gobierno es garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad y legalidad. Subrayó además que todas las voces serán escuchadas y evaluadas, tanto las de quienes han denunciado al exdirector, como las del grupo que lo respalda.
Nahle fue contundente: en Veracruz, la justicia no se politiza, se respeta.
Hoy, existen dos versiones en torno al caso. Por un lado, están las denuncias contra González García por presuntas anomalías que podrían constituir delitos. Por el otro, sus simpatizantes sostienen que es inocente y exigen su reinstalación. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la encargada de investigar y deslindar responsabilidades.
A pesar de la presión ejercida mediante bloqueos y protestas, las autoridades educativas ya tomaron una decisión: Luis Manuel González no regresará a la dirección del plantel. El propio maestro, en una reunión con la Secretaría de Educación de Veracruz, aceptó su destitución y solicitó ser reincorporado únicamente a sus dos plazas docentes: una de medio tiempo en la Escuela de Bachilleres Artículo Tercero (turno vespertino) y otra como maestro de grupo en la Escuela Primaria Salvador Valencia Ortuño. El acuerdo fue firmado el pasado 20 de junio.
Lejos de apaciguarse, las protestas se intensificaron. Este lunes, los accesos al colegio fueron encadenados; la calle Juárez —donde se ubica la institución— fue bloqueada; y los manifestantes se plantaron frente al Palacio de Gobierno.
La situación ha escalado de manera innecesaria. Es legítimo que los estudiantes y docentes se expresen, pero no puede perderse de vista lo esencial: este no es un asunto que se resolverá con presión mediática o con bloqueos y manifestaciones, sino a través de los cauces legales. Las autoridades han sido claras: mientras existan denuncias, estas deberán seguir su curso en las instancias correspondientes.
El futuro del exdirector no está en manos de quienes protestan o de quienes le acusan, sino en el resultado de las investigaciones legales.
En una sociedad democrática, la justicia no debe ceder ante la presión de las calles. La exigencia debe ser clara: que se investigue a fondo, que se actúe con imparcialidad y que la educación no sea rehén de intereses personales o de luchas políticas. Solo así se podrá proteger de verdad a la comunidad estudiantil de la prepa Juárez.
Inicia periodo extraordinario en San Lázaro
El grupo de diputados federales de Morena-Veracruz dio a conocer que este lunes 23, el Congreso inició el Periodo Extraordinario de Sesiones.
Zenyazen Escobar, coordinador del grupo, informó que en este periodo se analizarán y debatirán diversas iniciativas, entre las que sobresalen la Reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley General en Materia de Desaparición Forzada; Modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional; la Nueva Ley para Eliminar Trámites Burocráticos; y las Reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Con una abrumadora mayoría en el Pleno, se anticipa que sin mayores problemas pasarán las iniciativas que plantean en el Congreso Morena y los partidos aliados, PT y Verde.

Columnas de opinión

Columna hoy

Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico

Los números les estorban.

Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico

Astrolabio Político // Luis Ramírez Baqueiro

“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.

 

Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.

La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.

El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.

Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.

La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.

Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.

Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.

Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.

En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.

Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.

La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.

El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.

La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.

Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.

El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.

Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.

¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.

Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.

La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.

También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.

La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.

Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.

El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.

Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.

 

Al tiempo.