Proceso electoral en Veracruz, con candidaturas definidas
Luis Romero Herrera
Hora Cero
Los partidos políticos han definido ya sus candidaturas para las alcaldías veracruzanas, en espera del inicio oficial de las campañas, programado para el 29 de abril.
En la entidad se disputarán 212 presidencias municipales, un número igual de sindicaturas y 630 regidurías, lo que suma un total de 1,054 cargos en juego.
El Partido Revolucionario Institucional, a través de su Comisión para la Postulación de Candidaturas, anunció recientemente la lista de sus candidatos tras un “exhaustivo análisis de expedientes, perfiles y trayectorias”.
Sin embargo, a pesar de presentar abanderados en todos los municipios, en algunos puntos del estado—especialmente donde su presencia es mínima—el tricolor pareciera haber tenido dificultades para encontrar aspirantes dispuestos a contender en condiciones de evidente desventaja.
Por su parte, Movimiento Ciudadano celebró una concurrida reunión el sábado 15 de marzo en Coatepec, cerca de la capital del Estado, a la que asistieron cientos de personas de diversos municipios. En este marco, se dieron a conocer las candidaturas a las alcaldías.
El partido naranja busca obtener su mejor resultado en elecciones locales. En los comicios municipales de 2021 logró más de 281,000 votos (8.3% del total), posicionándose como la cuarta fuerza política, por detrás de Morena, PAN y PRI.
Comparado con las elecciones de 2017, en las que obtuvo poco más de 221,000 sufragios (6.9%), su crecimiento fue de aproximadamente 70,000 votos. De cara a 2025, Movimiento Ciudadano parece tener la mesa puesta para desplazar al PRI como la tercera fuerza política de Veracruz.
El Partido Acción Nacional (PAN), tras un acuerdo de su Comisión Permanente Electoral Nacional, no solo definió a sus candidatos y candidatas a las presidencias municipales, sino también a los integrantes de sus planillas. En su lista destacan figuras afines al yunismo, especialmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río: Indira Rosales competirá por la alcaldía del Puerto de Veracruz; Maryjose Gamboa, por Boca del Río—municipio que el blanquiazul considera un bastión asegurado—; y Octavio Ruiz Barroso contenderá en Alvarado.
En el frente oficialista, Morena se perfila para mantener su hegemonía política en Veracruz, respaldado por sus antecedentes electorales recientes en 2018, 2021 y 2024. Este partido registró el mayor número de aspirantes en su proceso interno, con alrededor de 2,000 personas interesadas en una candidatura, reflejando su dominio en las preferencias político-electorales.
En municipios clave como Xalapa, por ejemplo, se inscribieron más de dos docenas de aspirantes a la candidatura de la 4T para la alcaldía. En 2017, Morena obtuvo más de 556,000 votos (17.4% del total). Cuatro años después, en 2021, su crecimiento fue impresionante: superó el millón de votos (29%); es decir, sumó casi 450,000 sufragios adicionales. Posteriormente, en 2024, alcanzó 1,656,000 votos.
Entre 2017 y 2024, Morena creció en 1,100,000 votos en Veracruz, lo que podría anticipar un resultado favorable en las elecciones municipales de 2025.
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.
Al tiempo.
Los números les estorban.
Por: Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico
Astrolabio Político // Luis Ramírez Baqueiro
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.