Revira SHCP a EU; no ha hallado pruebas contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) salió al paso, luego de este miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableció sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Específicamente se refirió a las empresas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a las que se les adjudicó una posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al respecto, la Secretaría de Hacienda dijo el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Según detalló en un comunicado, la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”, dijo.
Aun así, detalló Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional, donde no tuvo mayores hallazgos.
Según especificó, sólo hallaron problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas por 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido“, sentenció.
Finalmente, la SHCP dijo que la instrucción recibida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, “es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito”.
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.
Al tiempo.
Los números les estorban.
Por: Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico
Astrolabio Político // Luis Ramírez Baqueiro
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.
