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Por si algo le faltase a un proceso que ha perdido toda credibilidad, la renuncia a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana de la profesora María Angélica Buendía Espinosa le dio en la puntilla a la sucesión rectoral y evidenció, más que nunca, la manera porril en la que Martín Aguilar Sánchez pretende ser impuesto en una extensión ilegal e ilegítima del periodo para el que fue designado hace cuatro años.

El silencio de la Junta de Gobierno ante la renuncia de Buendía Espinosa, confirmada de manera extraoficial pero sin ningún posicionamiento, en ningún sentido, de autoridad universitaria alguna –pero que obedecería a las presiones a las que se les está sometiendo para que avalen el golpe a la UV-, expone de manera diáfana la magnitud de una crisis cuyo único responsable es Martín Aguilar. Además, por supuesto, de quienes lo empinaron y embarcaron en una misión suicida.

Las manifestaciones de repudio a la intentona golpista de Martín Aguilar han sido contundentes y generalizadas desde la semana pasada. Y si no se expresaron de manera masiva en la protesta del pasado lunes en la explanada de rectoría y en la plaza Lerdo, fue porque existen amenazas contra el personal docente y administrativo, al grado de condicionar su permanencia en su trabajo –con la complicidad de sus respectivos sindicatos-, así como contra los estudiantes, a los que se les intimida con la posibilidad de darles “muerte académica” si se manifiestan contra el aspirante a dictadorzuelo.

Aun con ello, todo indicaría que es inminente que la Junta de Gobierno apruebe la prórroga de Aguilar Sánchez y consume una imposición cuyas consecuencias no se acaban de dimensionar, pero que implicarían de entrada la judicialización de la sucesión en la rectoría de la UV y su caída en una espiral de inestabilidad, pues los aspirantes que en su legítimo derecho han manifestado su intención por contender por el cargo, como Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez, no piensan quedarse cruzados de brazos.

Si los aspirantes se amparan aduciendo la ilegalidad de la prórroga y de la supuesta “consulta” que la Junta de Gobierno se inventó para encauzar la imposición, la permanencia de Martín Aguilar al frente de la rectoría sería insostenible. Pero incluso en un escenario en el que se le cayera la extensión del periodo, el grupo que lo impulsa tiene un “plan B”: la secretaria de Desarrollo Institucional de la UV, Jaqueline Jongitud.

Desde que estuvo en la Junta de Gobierno entre 2016 y 2019, Jaqueline Jongitud tejió alianzas y favores que le permitieron concentrar un gran poder dentro de la Universidad, al grado de poner y quitar miembros de la misma Junta, como José Antonio Seade Kuri, hermano del actual embajador en China Jesús Seade, y quien jugó un papel fundamental en la designación como rector de Martín Aguilar en 2021. Incluso, se terminó casando con él apenas el pasado mes de diciembre de 2024.

Jongitud también operó para colocar en la Junta de Gobierno a su actual presidente, José Manuel Pinos Rodríguez, el 22 de junio de 2023. Con él, pacta la acometida para imponer la prórroga de Martín Aguilar o, en su defecto, su propia llegada a la rectoría.

Desde la Secretaría de Desarrollo Institucional universitaria, Jaqueline Jongitud controla los temas académicos, la obra pública y las finanzas de la UV, lo que le ha permitido obtener varios favores políticos a cambio de plazas de investigador, como con el propio Pinos y su amigo personal Irving Uriel López Bonilla. Y por si fuera poco, fue denunciada por violencia laboral y vulneración de la integridad personal de una de sus colaboradoras, lo que le valió la recomendación 004/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que de manera inaudita fue rechazada por la UV.

Jaqueline Jongitud es el “plan B” del grupo que se pretende enquistar, sí o sí, en la rectoría de la UV, por si el anodino Martín Aguilar se vuelve desechable.