VERACRUZ: CRECE VIOLENCIA POLÍTICA
AL PIE DE LA LETRA Raymundo Jiménez
En su más reciente reporte trimestral, el de enero-marzo de este año, la consultora Integralia registró en México 104 casos de violencia política, de los cuales 50 fueron homicidios.
En ese lapso la agencia reportó, en cuanto a Veracruz, los homicidios de Carlos Ramsés Neri, aspirante del PVEM a la alcaldía de Paso del Macho, y del morenista Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación del Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza.
En su siguiente informe, del trimestre abril-junio, incluirá las ejecuciones de los candidatos morenistas a las alcaldías de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, y de Texistepec, Yesenia Lara, ocurridos el 29 de abril y este domingo 11 de mayo, respectivamente, más los que se acumulen.
Veracruz y Durango son los dos únicos estados del país donde habrá elecciones municipales el próximo 1 de junio, pero Integralia apunta que “los incidentes de violencia política se han concentrado sobre todo en el primero”, atribuyéndolo “a la disputa que prevalece entre cárteles rivales en la entidad”.
Veracruz y Durango son los dos únicos estados del país donde habrá elecciones municipales el próximo 1 de junio, pero Integralia apunta que “los incidentes de violencia política se han concentrado sobre todo en el primero”, atribuyéndolo “a la disputa que prevalece entre cárteles rivales en la entidad”, según cita en su reporte trimestral “Violencia política en México”.
En términos de homicidios, esta empresa de consultoría en riesgo político, asuntos públicos y planeación estratégica refiere que Guerrero y Morelos encabezan el listado nacional con siete casos cada uno y que, por partido político, Morena y aliados concentraron el mayor número de casos de asesinatos.
Destaca que “81.7% de las víctimas se desempeñaban, habían ocupado o aspiraban ocupar cargos en gobiernos municipales, lo cual pone en evidencia la fragilidad institucional de ese nivel de gobierno, particularmente frente a los esfuerzos de infiltración del crimen organizado’’.
“Durante el primer trimestre de 2025, la mayoría de los incidentes de violencia política se concentraron en el nivel municipal. Ello se explica por: (I) la debilidad de los gobiernos municipales frente al crimen organizado; (II) los esfuerzos de estos grupos por acceder y controlar los presupuestos locales, las estructuras policiales municipales y los mercados ilícitos que operan en esos territorios, y (III) su intención de actuar con impunidad”.
Y advierte que, si bien el número de casos se mantuvo prácticamente constante a lo largo de los tres primeros meses del año, es posible que aumente hacia junio, conforme se aproximan las elecciones municipales en Durango y Veracruz.
Entre enero y marzo pasados, el delito más frecuente fue el homicidio, seguido por amenazas (24), atentados con arma de fuego (15), secuestros (11), desapariciones (2) y otros delitos (2).
Con respecto al proceso electoral judicial en puerta, Integralia asegura que hasta el 31 de marzo pasado “no se habían identificado incidentes de violencia política contra aspirantes o candidatos”. Sin embargo, advierte que “no puede descartarse que éstos ocurran más próximos a la jornada electoral. Medios y organizaciones de la sociedad civil han denunciado, además, que figuras que aparecen en los listados de candidaturas tienen presuntos vínculos con el crimen organizado”.
Y destaca, finalmente, que el INE mantiene una alerta de inseguridad en 19% de las secciones electorales del país para las elecciones judiciales extraordinarias del 1° de junio”.
Para apaciguar la entidad, la gobernadora Rocío Nahle debería tomar decisiones radicales. Entre ellas, remover a quienes siguen al frente del órgano autónomo encargado de la procuración de justicia, que no dan resultados y que incluso han sido señalados públicamente hasta por el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares de tener nexos familiares y complicidades con capos y grupos del crimen organizado. Y es que, por ejemplo, Enrique Argüelles Montero, esposo de la candidata asesinada anteayer en Texistepec, era regidor cuando fue ejecutado en noviembre de 2022 en la ciudad de Acayucan. Hasta la fecha, su crimen sigue impune, y lo mismo parece que se repetirá con la muerte de su viuda.
Nahle, por supuesto, no ha de ignorar que quien impuso en la Fiscalía General del Estado a Verónica Hernández Giadáns fue el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien por mera causalidad apareció recientemente por las calles de Xalapa, Coatepec y su pueblo natal Otatitlán.
Casualmente, en enero de 2022, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado en la Cuenca del Papaloapan conocidos como “Los Cuatro Letras” acusaron en un video que el gobierno de Veracruz, la Policía Municipal de Cosamaloapan y el Secretario de Gobierno, Cisneros Burgos, protegían y promovían las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.
En un video de casi tres minutos de duración, se observa a una célula de veinte integrantes de “Los Cuatro Letras” que tienen encañonados y arrodillados a diez civiles –nueve de ellos aparecieron muertos en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla ese día por la mañana– a los cuales les hacen confesar que son una célula del Cártel de Sinaloa, misma que es apoyada
por el gobierno estatal con “armas”, “vehículos” “dinero” y “drogas” para reclutar sicarios para “calentar la plaza” en la Cuenca del Papaloapan y el sur de Veracruz.
En el video, un jefe de sicarios de “Los Cuatro Letras” interroga a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos–, y quien afirma: “Mi tío me contrató hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y cinco millones de pesos para que yo reclutara a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa”.
En el video, el jefe de sicarios y el sobrino de Cisneros mencionan otros nombres como “El Chivo” Vásquez –a quien ahora implican en la ola de violencia en la región de Texistepec y Sayula de Alemán, en el sur de Veracruz–, Julián Álvarez Vallejo, Pablo Mendoza “El Junior”, Carlos Alto “El Cartero”, Arturo Peña y otra persona a quien solo mencionan como “El Gallero”.
Por otra parte, la gobernadora Rocío Nahle decidió entregar la Secretaría de Seguridad Pública a un recomendado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien habría coincidido con él en la extinta Policía Federal Preventiva. Se trata del Contralmirante Alfonso Reyes Garcés, quien posee una extensa carrera en la Infantería de Marina y ha ocupado cargos clave, como Director de Operaciones Especiales en la desaparecida PFP. A lo largo de su trayectoria, ha recibido formación especializada en diversas áreas, incluyendo paracaidismo, técnicas de intervención, seguridad nacional, balística operativa y combate al terrorismo, con estudios en reconocidas instituciones nacionales e internacionales, como el Cuerpo Nacional de Policía en España y los U.S. Navy Seals. También cuenta con tres maestrías: en Análisis de Defensa con especialidad en Guerra Irregular (Naval Postgraduate School, California), Administración Naval (Centro de Estudios Superiores Navales) y Seguridad Nacional (Centro de Estudios Superiores Navales).
Pero hasta ahora no se ha sentido su presencia ni experiencia y mucho menos su coordinación con las fuerzas federales para abatir a los grupos criminales que tienen asoladas las zonas norte, centro y sur de la entidad. Hasta hoy, por ejemplo, no se han dado en Veracruz golpes a la delincuencia organizada y políticos amafiados como la “Operación Enjambre” que se ejecutó en noviembre del año pasado en el Estado de México, cuyo saldo fue 24 funcionarios detenidos por su relación con actividades delictivas como homicidio, secuestro exprés y extorsión, cometidas por los cárteles de la Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
Aquí, nomás, al menos para entretenerse, ¿estarán haciendo trabajo de inteligencia?
Ayer, el diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, a través de un video, hizo un exhorto a la gobernadora Nahle para instalar con urgencia una mesa de seguridad que defina una estrategia para la protección de los candidatos a las alcaldías.
¿Le tomarán la palabra o lo batearán por militar en un partido “neoliberal”? A ver si aceptan su propuesta, pues el ex subsecretario de Gobierno tiene experiencia en este tema.
