Vivir junto al narcoestado.
Opinión Pedro Miguel // Colaboración del Econ. Luis Ponce.
Legales o perseguidas, las drogas han sido y siguen siendo un componente sustancial de la política, la economía y la vida social de Estados Unidos. En torno a ellas se han construido y destruido emporios empresariales, instituciones de gobierno, lineamientos de política exterior y valores y antivalores morales.
La conflictiva relación del puritanismo protestante con el alcohol ha dado lugar a fenómenos de criminalidad, lo mismo que a grandes fortunas lícitas e ilícitas.
Por lo demás, no es ningún secreto que Estados Unidos es el mayor mercado del mundo para las drogas de todas clases.
Sería interesante saber cuánto dinero aportan la fabricación, el mayoreo, el menudeo y el consumo de esas sustancias al producto interno bruto del país vecino. Seguramente, no es una cifra despreciable. Por si algo faltara, la hipócritamente llamada
» guerra contra las drogas» ha sido y sigue siendo un instrumento inapreciable para el injerecismo que caracteriza desde siempre la política exterior estadounidense ; en nombre del combate a los grupos delictivos extranjeros, Whashington ha sometido a sus designios a gobiernos – como lo hizo con el Plan Colombia y la Iniciativa Merida – y los ha obligado a comprar a los proveedores estadounidenses o israelís sumas astronómicas de material bélico, policial y de espionaje, así como servicios y asesorías de seguridad, mientras sus industrias de armas surten a esas organizaciones a las que los gobiernos estadounidenses dicen combatir.
Este marco general resulta ineludible a la hora de analizar los más recientes amagos y operativos de Whashington contra México, como el de incluir a los cárteles en sus listas de «terroristas», filtrar supuesta listas de funcionarios mexicanos sospechosos de complicidad con el narco, negociar y pactar impunidades con indiciados que fueron entregados en extradicción por nuestro gobierno o, lo más reciente, atribuirse el crédito por un operativo contra laboratorios de narcolaboratorios en Sinaloa que en realidad fue realizado por la Fiscalía General de la República.
Para el narcoestado que es Estados Unidos, todo se vale.
