
Quién es Ruth López, la abogada de derechos humanos crítica de Bukele que fue detenida en El Salvador
epresión de las voces críticas».
Así ha descrito Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, la detención de una de sus directivas, Ruth López, en la noche de este domingo.
López, quien como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la entidad encabezó varias investigaciones sobre el gobierno de Nayib Bukele, fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en 2024.
Según publicó la Fiscalía General de la República en la red social X, está acusada de presunto «peculado» o apropiación indebida de fondos del Estado antes de iniciar su trabajo en Cristosal.
Chicas, quien también fue arrestado en febrero acusado de enriquecimiento ilícito, había presidido el TSE y después se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (FMNL, 2014-2019).
«Según las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Eugenio Chicas, se ha identificado su participación activa (la de López) en los hechos que se le imputan», señala la publicación del FGR.
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Especialista en derecho electoral
Nacida en San Salvador el 27 de septiembre de 1977, López pasó 26 de sus 47 años fuera del país.
Durante la guerra civil que asoló El Salvador (1980-1992), su familia decidió mudarse a Nicaragua, donde viviría durante 11 años, y, posteriormente, tras la separación de sus padres, López permaneció 16 años en Cuba.
Fue allí donde estudió para ser abogada, graduándose en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana en 1999. Recibió el título con honores, como la mejor alumna extranjera y mejor estudiante de su Facultad de Derecho.
En 2008 regresó a El Salvador, con el desafío de adaptarse al entorno académico y laboral de un país que aún lidiaba con las secuelas del conflicto armado y las transiciones políticas.
Y en su país natal se especializó en derecho electoral, derechos humanos y derecho comercial, comenzando su carrera en las instituciones públicas.
De 2008 a 2014 trabajó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), centrándose en el fortalecimiento de los procesos democráticos. Y entre 2014 y 2019 participó en la supervisión legal y administrativa en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
López también se ha dedicado a la enseñanza en instituciones de educación superior. Es consultora y profesora asociada del Departamento de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La docencia la ha compaginado con su cargo al frente de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización regional comprometida con la defensa de los derechos humanos.
Desde su cargo en la organización, López lideró una serie de investigaciones, como la que denunció el presunto uso de fondos públicos para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos o la supuesta corrupción a la hora de entregar contratos públicos durante la pandemia de covid-19.
A través de los medios de comunicación y redes sociales, la abogada siempre mantuvo una postura crítica con el poder.
«Desde la perspectiva del poder, es mejor que la gente no sepa, porque en la medida que la gente no sabe, ejerce menos sus derechos», declaró en una entrevista con el medio Alharaca en marzo de 2024.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES
«Acto de represión»
«Tengan decencia, esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto», les dijo López a los policías que llegaron a detenerla hacia las 11 de la noche de este domingo a su vivienda, según una grabación a la que hace referencia el medio local El Diario de Hoy.
«Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno. Ese es el único problema. Aquí no hay nada que explicar: eso de peculado, de corrupción, si aquí la que investiga corrupción soy yo», sostuvo.
Cristosal, en un primer comunicado publicado después de conocerse el arresto de López, lo tachó de un «acto de represión a las voces críticas», al tiempo que exigía la garantía a su integridad física y el respeto a su debido proceso.
A través de una serie de informes, Cristosal ha denunciado violaciones al debido proceso en El Salvador en el marco de un régimen de excepción que ya dura más de tres años.
Inicialmente impuesto para combatir la violencia de las pandillas, el estado de emergencia ha conducido a una drástica reducción de los homicidios, pero también ha resultado en el encarcelamiento de al menos 80.000 personas.
En un segundo comunicado publicado ya de madrugada, la entidad informó que hasta ese momento ni la familia ni el equipo legal de López habían logrado obtener información sobre su paradero.
Eso mismo volvió a denunciar en horas de la tarde el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, en una rueda de prensa, tachándolo de «detención ilegal y posible desaparición forzada de corta duración».

Activistas y organismos internacionales se pronunciaron sobre la detención.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también se refirió al hecho como «desaparición forzada», urgió a las autoridades informar del paradero de la abogada y de que se le garanticen «protección y las garantías constitucionales».
«Seguimos con preocupación la captura de Ruth López, quien ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos del gobierno de Bukele», escribió Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
«Durante años, Ruth López ha expuesto valientemente la corrupción y las violaciones de derechos humanos en El Salvador,» agregó Goebertus en un comunicado. «Su arresto no es un incidente aislado; marca una peligrosa escalada en el intento del presidente Bukele por silenciar la disidencia».
Amnistía Internacional también se pronunció a través de su cuenta oficial de X, exigiendo la liberación inmediata de López.
El arresto tiene lugar días después de que el presidente Bukele anunciara que enviaría a la Asamblea Legislativa, que controla su partido Nuevas Ideas, una nueva «ley de agentes extranjeros» que busca asfixiar financieramente a las ONGs, reteniéndoles el 30% de sus ingresos.
También se da en el contexto de la detención de otro activista, Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, acusado de los delitos de desórdenes públicos y resistencia, tras haber mostrado su apoyo a uno grupo de campesinos que protestó frente a la casa del presidente pidiendo que no los desalojaran de sus tierras.
A través de la encargada de prensa para medios internacionales, BBC Mundo le solicitó a la Presidencia cuáles son los fundamentos en base a los cuales se solicitó la detención de López, pero al momento de publicar esta nota aún no tenía respuesta.
Después del arresto de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, hizo pública su renuncia a través de su cuenta personal en X y sin explicar los motivos.
«Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario», escribió, adjuntando una carta con fecha 15 de mayo dirigida al presidente Bukele.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

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