Exige Cioac devolver predios invadidos

De persistir el problema se pueden dar ‘hechos sangrientos’, amenazan en manifestación.

Irineo Pérez y Hugo Morales

Militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), que mantenían invadido el predio conocido como Jinicuil Manso, en la Sierra Alta del municipio de Coatepec, se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente al palacio de gobierno, para exigir la devolución de las tierras de donde fueron desalojados el 21 de febrero de este año.

A nombre de los miembros de la Cioac, Yerania Valencia expresó que el grupo de campesinos fue desalojado de sus tierras de manera brutal el 21 de febrero, sin notificación previa y con lujo de violencia por parte de más de 400 policías.

Expresó que en la acción fueron desalojadas más de 50 familias de dicho predio, las cuales fueron brutalmente golpeadas y reprimidas por policías estatales, marinos y policías municipales, utilizando para ello gas lacrimógeno, que provocó lesiones a los campesinos y la muerte de dos personas.

De ese total, ocho familias se quedaron a vivir en la parte de enfrente de la entrada del predio, pues no tienen en donde vivir, debido a que quien se dice propietario del predio, lo cercó totalmente y no deja pasar a nadie.

Cabe señalar que la tierra en disputa abarca 2 mil hectáreas y ha sido punto de contención durante muchos años, acusando a las autoridades de estar compradas por el alemán Aris Sebastian Bridman, quien supuestamente adquirió las tierras de manera ilegal.

Por este motivo, los campesinos afectados pidieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, para que se realice un deslinde de propiedades, ya que las tierras habían sido solicitadas al gobierno federal, petición que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial desde 1976.

Y es que el problema está sin resolverse porque la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se ha negado a llevar a cabo el deslinde y miente, porque los funcionarios tienen capacidad para hacerlo o no quieren hacerlo, por lo que de persistir este problema y no intervienen, se pueden dar hechos sangrientos, que empañen la tranquilidad que se vive actualmente en la zona.

Por eso se está pidiendo a la Sedatu que realice el deslinde de los terrenos, para que los campesinos afectados puedan habitar las 24 hectáreas donde mantenían la colonia, de la que fueron desalojados, supuestamente porque el alemán compró todo el predio.

Reclaman azucareros el pago de utilidades

Potrero Nuevo, Atoyac, Ver.- En redes sociales se ha desatado una polémica creciente entre trabajadores de El Potrero y sus familias, por las presiones en que los tiene el ingenio propiedad del Grupo Beta San Miguel (GBSM), luego de que la Sección 23 del Sindicato Azucarero (STIASRM-CTM) se organizara para reclamar justicia en el pago de Utilidades, pues la empresa española nuevamente informó que no tuvo un solo peso de utilidades en el año 2024.

La Sección 23 comisionó, por votación plenaria, a tres trabajadores para revisar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), siendo nombrados Román Burgoa Olivares, Ángel Rodríguez González y Juan Manuel García Dolores.

Sin embargo, la empresa, cuyo capataz ha sido por casi 30 años el aspiracionista español José Luis Salinas Gama, cuyo odio a los obreros mexicanos y genuflexia hacia los españoles es muy evidente, impidió que el tercer comisionado, Juan Manuel García, participara en dicha Comisión, ordenando que se presentara su trabajo.

Salinas Gama, que ha estado en diferentes departamentos y hoy es el Jefe de Productividad y Desarrollo, sugirió por un año más a que la empresa se declarara en ceros de utilidades este año, como lo ha hecho en décadas, para que las ganancias de uno de los 11 ingenios que tienen en su poder el GBSM, para no pagar le a los trabajadores nada.

Los obreros saben que, si hacen un paro de labores o bloque de la salida del azúcar o no entrar a la empresa, les quitan el Bono de Productividad de un promedio de 3,200 pesos por trabajador, que perciben al final de la zafra.

La Ley Federal del Trabajo indica que para la Comisión obrera del PTU no hay un número determinado de miembros, pueden ser 2, 3 o más trabajadores. Pero la empresa indicó que solamente dos, contraviniendo la asamblea plenaria que presidió Roberto Ávila, el Secretario General de la Sección 23.

Los Comisionados deberán contratar un despacho contable, pedir a la Secretaría del Trabajo (STPS) su intervención y esto se lleva varios meses.

Sin embargo, en redes sociales, los obreros manifiestan que “de hambre no nos vamos a morir, cuando se trate de desarmar los molinos para reparación, haremos un paro de brazos caídos”.

Indican en redes que ni los trabajadores de confianza alcanzaron utilidades.

Acusan que Lorenzo Pale, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ya pactó con la empresa que siempre acude a comprar las conciencias de los líderes nacionales, que venden el trabajo de sus hermanos de base, viviendo como reyes, mientras los obreros viven la injusticia.

En el año 2022 los obreros de El Potrero fueron a manifestarse a la CDMX y fueron desalojados del exterior de la STPS. Ahí, Modesto Trujillo, ex dirigente de la Sección 23, siendo Secretario de Asuntos Políticos, prometió que de repetirse esta situación de l no reparto de utilidades, convocaría a todas las secciones a hacer paro laboral. Hoy ni una llamada les hace a sus paisanos.

En 2023 Ignacio Román Armas, siendo Secretario General de la 23, peleó contra la empresa, impidiendo la entrada de empresas outsourcing y el GBSM le rescindió el contrato de trabajo, lo despidió y él tuvo que recular.

Así es la actitud de la empresa española, que tiene siempre el control de todo, mediante la compra del CEN, que es socio en un 10 por ciento de El Potrero, pues 10 por ciento de acciones le fueron entregadas hace décadas, como negociación de adeudos que tenían con los obreros.