Un futuro más verde para las finanzas

Por: Afsaneh Beschloss y Mina Mashayekhi

• Los bonos verdes ofrecen enseñanzas para un financiamiento sostenible

LOS BONOS VERDES, EMITIDOS por el Banco Mundial y el
Banco Europeo de Inversiones hace más de una década,
abrieron el camino a inversiones que podrían llegar a billones
de dólares en proyectos relacionados con el clima, como la
energía renovable, la eficiencia energética y la protección y
restauración de ecosistemas.
Su papel central y fundacional brinda enseñanzas y
advertencias a la comunidad internacional ahora que está
ampliando el financiamiento sostenible con una urgencia
cada vez mayor en ámbitos diversos, como las obligaciones
complejas de préstamos con garantía, las garantías de préstamos y en moneda local, y la deuda subordinada.
El desafío inicial era mucho más abrumador que el
desarrollo de un prototipo de bonos vinculado al impacto
ambiental. Consistía en crear una nueva clase de títulos que
fueran creíbles, reproducibles y atractivos para los inversionistas institucionales y las organizaciones ambientales por igual.
En estas dimensiones, sin duda los fundadores del movimiento de los bonos verdes lograron sus objetivos. En el
informe de 2018 de la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI,
por sus siglas en inglés) se señala que entre 2008 y 2018,
docenas de instituciones y gobiernos emitieron más de
USD 521.000 millones en bonos verdes. Solo en el primer
semestre de 2019, las nuevas emisiones de bonos verdes certificados superaron USD 100.000 millones a nivel mundial,
y los pronósticos para todo el año ascienden a USD 250.000
millones, según Environment + Energy Leader. Para fines de
2019, habrán llegado al mercado más de 5.000 emisiones
de bonos verdes, según las estimaciones de la CBI. Por lo
tanto, no cabe duda de que el mercado de bonos verdes ha
demostrado ser sólido, duradero y escalable para una amplia
gama de participantes del mercado en todo el mundo.
Kenneth Lay, director gerente principal en RockCreek,
que como tesorero del Banco Mundial, dirigió el equipo
que creó los primeros bonos verdes, señala que la asignación específica de los ingresos generados por los bonos a
proyectos relacionados con el clima y el medio ambiente
fue un cambio importante, “que tenía el potencial de atraer
nuevos inversionistas orientados al impacto y reforzar los
incentivos dentro del Banco para centrarse en estos bienes
públicos clave”.
Añade: “Ese potencial se está desarrollando, quizá no tan
rápido como todos quisiéramos pero los avances han sido
espectaculares en la década transcurrida desde entonces”.
Otro desafío importante, que seguirá afectando a todas
las formas de financiamiento sostenible, ha sido garantizar
que el impacto ambiental de los proyectos de bonos verdes
sea transparente, verificable, mensurable y conforme con
las normas internacionales.
Desde un principio, el Banco Mundial elaboró un modelo
riguroso y transparente para verificar sus emisiones de bonos
verdes. Han surgido marcos y protocolos sólidos e influyentes
para orientar a inversionistas y emisores. La CBI, establecida
en 2010, publicó la Norma de Bonos Climáticos y el Sistema
de Certificación ese mismo año. La Asociación del Mercado
de Préstamos señala que la Asociación Internacional de
Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés),
creada en 1969 para ayudar a orientar al nuevo mercado
de eurobonos, amplió gradualmente su alcance para incluir
un conjunto de principios de préstamos verdes en 2014.
Ambos marcos voluntarios adquieren su autoridad mediante
la creación de equipos de científicos y líderes de alto nivel
encargados de formular y promover normas rigurosas, y
obteniendo el respaldo de una masa crítica de emisores e
inversionistas. A pesar de la existencia de normas nacionales
que compiten entre sí y la falta de mecanismos sólidos de
cumplimiento para la emisión de bonos, la ICMA y la CBI
han adaptado la mayoría de las emisiones de bonos verdes a
parámetros claros y garantizado que los proyectos aporten
beneficios relevantes.
Naturalmente, es necesario verificar de manera independiente el cumplimiento de normas como las de la ICMA
y la CBI. Los incentivos internos de los propietarios de
activos son insuficientes. Algunas empresas principales,
como CICERO y Sustainalytics, han realizado exámenes
externos de más del 88% de los 5.000 bonos denominados
verdes por la CBI. Esta denominación significa que al menos
el 95% de los ingresos generados se destinan a usos ambientales y que quedan excluidos los ámbitos poco investigados
y controvertidos. Estos exámenes, junto con la investigación
anticipada de emisores centrados en el medio ambiente,
han permitido garantizar que los activos que respaldan los
bonos que cumplen los requisitos mínimos de la ICMA y
la CBI sean efectivamente verdes, junto con la mayoría de
los fondos invertidos en los bonos.
Participantes dudosos
Esto no ha impedido que agentes sospechosos hayan ingresado al mercado. Desde los proyectos de “carbón limpio”
en China a los bonos vendidos por la empresa petrolera
española Repsol, los emisores han difuminado o eliminado
las líneas entre proyectos sostenibles y no sostenibles. La
Diciembre de 2019 | FINANZAS & DESARROLLO 61
PUNTO DE VISTA
reacción contra esos proyectos ha generado un debate más
sólido sobre la necesidad de definir con mayor precisión
los tipos de inversiones que contribuyen a la sostenibilidad
y en qué medida.
Los inversionistas que suscriben las directrices de la ICMA
o la ICB pueden estar seguros de que respaldan una infraestructura de bajas emisiones y una profunda reducción de
las emisiones, quizás en exceso. Por ejemplo, para evitar
controversias, la certificación según las más altas normas
de la CBI elude ámbitos relacionados con el clima y en los
que invertir, como la energía nuclear y cuestiones como el
transporte aéreo, que representan el 2% de la intensidad de
carbono mundial de las emisiones y están en aumento. Es
más, los análisis metódicos por sector llevan tiempo. Los
organismos solo han examinado recientemente marcos para
industrias como el cemento y el acero, que conjuntamente
contribuyen entre el 15% y el 17% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, pero son esenciales para crear
la infraestructura necesaria para pasar de “marrón a verde”
y adaptarse al cambio climático, por ejemplo, mediante
estaciones de carga de vehículos eléctricos y muros de contención en zonas bajas.
La creciente magnitud, complejidad y diversidad de los
bonos verdes, así como las inversiones verdes subsiguientes,
posiblemente constituyen el desafío más importante para
un financiamiento sostenible. La Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible estimó que USD 30,7 billones de
activos institucionales en todo el mundo se habían invertido
en forma sostenible y centrada en el medio ambiente, la
sociedad y la gestión de gobierno; o en productos verdes
en seis mercados principales —Australia, Canadá, Europa,
Japón, Nueva Zelandia y Estados Unidos— a principios de
2018. Esto representa un aumento del 34% desde 2016. Los
“bonos azules”, como los define el Banco Mundial, financian
la restauración de las costas, la biodiversidad marina, la pesca
sostenible y el control de la contaminación. Los “bonos
humanitarios” se centran en las enfermedades pandémicas
y la migración. Al mismo tiempo, han surgido emisores
especializados como el Servicio Financiero Internacional
para la Inmunización. Muchos organismos que realizan
un seguimiento de las finanzas verdes también analizan la
evolución del conjunto más amplio de los llamados bonos
de impacto, un mercado combinado con un valor estimado
de USD 1,45 billones en 2018.
Es posible que el financiamiento sostenible esté experimentando una edad de oro de la innovación. Cada año
están surgiendo nuevos títulos y estructuras de inversión.
La pregunta es si esta creatividad promueve un mercado
en el que los riesgos y las tasas de rendimiento sean plenamente transparentes, comparables y accesibles de forma
que puedan monetizarse de manera coherente. El enigma
riesgo-rentabilidad para quienes invierten en finanzas verdes
es omnipresente y difícil. ¿Deberían aceptar los inversionistas
un rendimiento más bajo por los bonos verdes de un determinado emisor que por los bonos “marrones” de dicho emisor?
¿Deberían los emisores esperar costos de financiamiento
más bajos, la denominada prima verde? ¿Deberían aceptar
tasas internas más bajas de rendimiento de las inversiones
de capital privado verdes o en infraestructura verde? La
reacción inicial de los fiduciarios ha sido, en muchos casos,
“no”, pero esto está cambiando. Se están dedicando muchos
esfuerzos a cuantificar mejor los riesgos y rendimientos a
largo plazo asociados al clima, y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, frente a las ganancias a
corto plazo. Se están comenzando a ver avances.
Este tipo de análisis es más avanzado en el mercado de
bonos verdes, en parte debido a su escala y a su relativa transparencia. Mientras que muchos otros bonos en el mercado
de bonos más amplio carecen de madurez y tamaño para
estudiarlos en profundidad, el mercado de bonos verdes (si
bien es bastante pequeño en relación con los mercados mundiales) ofrece conjuntos de datos relativamente abundantes
para el análisis. Sin embargo, está comenzando a surgir una
narrativa convincente de datos de los sectores público y
privado: caso tras caso, a los bonos verdes les va mejor que
a bonos marrones similares en materia de precio, liquidez
y desempeño. Aunque aún es difícil llegar a una conclusión
definitiva, los inversionistas parecen estar en condiciones de
invertir en bonos verdes sin perjudicar el desempeño de su
cartera, y los beneficios a largo plazo pueden ser mayores
cuando los activos relacionados con el cambio climático
demuestren que conllevan riesgos más bajos y que pueden
obtenerse mejores rendimientos.
Las consecuencias son claras. Los inversionistas institucionales deben ser hábiles al asignar cantidades cada vez
mayores de capital a las finanzas verdes. A largo plazo, los
inversionistas y propietarios de activos sostenibles deben
insistir en un análisis riguroso y en un umbral elevado
para la participación institucional. Necesitarán asesores y
gerentes experimentados y ágiles.
AFSANEH BESCHLOSS es la fundadora y Directora General de
RockCreek, una empresa internacional de gestión de activos.
Previamente, fue tesorera y oficial principal de inversiones del Banco
Mundial. MINA MASHAYEKHI es asesora principal en RockCreek.
Anteriormente, dirigió negociaciones de alto nivel sobre comercio
y sostenibilidad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo