Extorsión, una amenaza que exige atención urgente

Hora cero  Luis Alberto Romero
En el marco de la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, reveló cifras alarmantes que ubican a este delito como una prioridad en la agenda de seguridad pública.
El evento se llevó a cabo este domingo y contó con la presencia de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Fue también un acto de seguimiento a la reciente aprobación, en el Congreso, de las leyes de la Guardia Nacional y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Según lo expresado durante la presentación, estas normativas fortalecerán las capacidades de investigación y permitirán desmantelar redes criminales, así como detener a generadores de violencia relacionados con la extorsión.
Durante su intervención, García Harfuch señaló que el 66% de las denuncias por extorsión se concentra en ocho entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Las nuevas disposiciones legales permitirán a las autoridades rastrear en tiempo real los números telefónicos utilizados en extorsiones; bloquear líneas y equipos; y a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias ligadas a actividades delictivas.
Una de las primeras acciones contempladas en esta estrategia es la promoción de unidades estatales especializadas en el combate a la extorsión. En Veracruz, ya opera una de estas unidades dentro de la fiscalía local. De acuerdo con su más reciente informe, correspondiente a junio, se inhabilitaron 25 líneas telefónicas utilizadas para extorsionar.
Para dimensionar el problema: en 2024 se registraron 10,240 denuncias por extorsión en las fiscalías y procuradurías de todo el país. No obstante, el verdadero alcance de este delito es mucho mayor. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, el 96.7% de los casos no se denuncia, lo que impide su investigación y deja fuera de las estadísticas oficiales a la abrumadora mayoría de las víctimas.
En Veracruz, en 2024 se denunciaron 938 casos, lo que representa el 9% del total nacional. Entre enero y mayo de 2025 se reportaron 364 más. En total, en 17 meses, se han integrado más de 1,300 carpetas de investigación. Sin embargo, si se aplica el subregistro estimado por el INEGI, el número real de extorsiones en el estado podría superar los 12,500 casos.
Frente a este panorama, la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión resulta no solo oportuna, sino imprescindible. Para Veracruz y los otros siete estados con mayor incidencia, se trata de una oportunidad para coordinar esfuerzos, fortalecer instituciones y dar respuesta a una amenaza que impacta directamente en la economía, la tranquilidad y la vida cotidiana de miles de ciudadanos: empresarios, comerciantes, profesionistas, trabajadores del campo y familias enteras que viven bajo el acoso del crimen organizado.
Cerrar los ojos ante esta realidad no es opción. El reto está planteado: o se enfrenta la extorsión con decisión, o seguirá creciendo a la sombra del silencio.